Durante el próximo año se estarán efectuando convocatorias y elecciones que son cruciales para la democracia y el futuro del país. Las convocatorias del Congreso de la República en relación a las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas de la Nación, constituyen eventos sin duda trascendentales para la profundización de la democracia, el respeto al Estado de Derecho y el robustecimiento de la plataforma de instituciones para configurar unas mejores relaciones en nuestra sociedad.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia, los últimos meses resultaron un ejercicio que modificó seriamente la actuación y visión de magistrados y jueces. Se espera que los tribunales jurisdiccionales actúen en forma transparente y alejada de los sesgos de sentencias, en donde prevalecía el pago bajo la mesa y con ello el menor asomo de actuar a derecho. La búsqueda de la justicia pronta y cumplida, puede ser un buen lema, pero no necesariamente cuando ocurren casos como el del General Ríos Montt, que puso en vilo a todo el pensamiento conservador, a los militares y al propio Gobierno. Se espera entonces, una elección con presiones fuertes.
En cuanto la Contraloría General de Cuentas de la Nación, esta constituye una institución que ha venido mejorando su actuación poco a poco, pero todavía demasiado pesada y lenta. Las presiones de la opinión pública han generado un pequeño cambio para bien, pero todavía falta mucho. Las actuaciones de algunos contralores generales se han quedado en el cómodo espacio de levantar revuelo por hallazgos pequeños, pero los vinculados a los altos funcionarios se quedan es atisbos o pequeños sustos, pero en el fondo: nada. Un amigo que ha sido ministro me decía: todos los que somos funcionarios honrados hemos tenido problemas con la contraloría, los deshonestos jamás. La Contraloría General de Cuentas de la Nación representa otro bastión de la democracia, por su trabajo en términos de la transparencia, del actuar probo de los funcionarios, de evitar o reducir al menos, ese enorme hoyo de la corrupción.
El Tribunal Supremo Electoral, por su parte también es uno de los factores institucionales necesarios para la democracia. Su actuación pareciera que empieza y termina con las elecciones generales, una visión chata y estrecha, pues se pierde todo el esfuerzo de participación ciudadana, que no sólo es votar, para nada. Pero durante los años previos a la elección esta institución prácticamente es invisible y su capacidad de accionar contra los desafueros de los partidos políticos es nula. La corrupción también ha invadido su institucionalidad y con ello la probidad de sus funcionarios y magistrados queda en duda.
El Congreso de la República, que representaría el poder del pueblo, se ha quedado en la búsqueda de rentas y de reelección, su principal actividad como factor de poder y de interlocución entre el Ejecutivo y el pueblo o la sociedad se ha perdido, prácticamente para siempre. La actual legislatura ha demostrado su poca visión estratégica y se ha quedado en la coyuntura de los negocios fáciles. Ojalá prime el futuro y el rompimiento de paradigmas conservadores, la sociedad y la democracia merecen un cambio profundo y permanente.