Después que el Presidente de la República reconoció que había sido mal asesorado cuando le dijeron que implementara las normas del decreto 40-74 emitido en tiempos de Carlos Arana para obligar a la siembra para producir granos básicos, en el Congreso diputados oficialistas decidieron «modernizar» la norma porque según ellos es inviable porque ya no existen ni Indeca ni Bandesa. La verdad es que no existen mecanismos para supervisar y controlar el uso de la tierra y montar la estructura para verificar si se cumple con esa ley costaría un ojo de la cara.
Esta mañana el licenciado José íngel López, quien en representación de los pequeños productores fue presidente de Anacafé, consultado sobre la iniciativa de los diputados para emitir un decreto que obligue a la siembra para producir granos básicos en las tierras ociosas, dijo que no creía que por ley se pudiera obligar a la producción y que pensaba que debían repetirse procesos como el de incentivos para la reforestación del país que se han probado adecuados porque es evidente que los terratenientes responderán más a políticas públicas que promuevan mayor producción mediante incentivos que con legislación que imponga sanciones a quienes no destinen parte de su tierra a producir alimentos.
Coincidimos plenamente con la visión del licenciado López en el sentido de que el Estado puede definir políticas públicas en situaciones como la que se vislumbra mundialmente por la escasez de granos básicos debido a la demanda que de ellos hay para la producción de los llamados biocombustibles. De hecho en países como Guatemala y México, netamente consumidores de maíz, hemos visto que la carestía de ese grano ha significado un aumento en la canasta básica y es motivo de análisis económico el fenómeno del aumento de precio en las tortillas en México.
Pero la forma de impulsar ese tipo de políticas de interés nacional no está en la emisión de decretos que establezcan multas y sanciones para los que no dediquen parte de su tierra a la producción de granos básicos, puesto que sabemos que esas situaciones generan más corrupción porque alientan las mordidas. En cambio, una inteligente política de incentivos para los dueños de la tierra que obtendrían beneficios fiscales y hasta pecuniarios si siembran granos básicos y otros alimentos nos parece adecuada y sensata.
Entendemos que hay una preocupación razonable respecto a una escasez de granos básicos que pueda afectar a la gente más pobre del país y que el Estado tiene que alentar la producción de alguna manera. Pero la forma de hacerlo es incentivar la producción haciéndola atractiva para los terratenientes que, en ese caso, tomarán la iniciativa para destinar su tierra a la cosecha de alimentos.