La Procuraduría de los Derechos Humanos analiza emprender acciones legales contra el costo que tendrá el Documento Personal de Identificación al publicar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, cuya disposición dejaría sin vigencia la cédula de vecindad.

La PDH presentó a inicios del presente mes un recurso de aclaración ante la Corte de Constitucionalidad para que se ampliara la resolución en la que en definitiva se rechazaba la acción de amparo por la prórroga de la vigencia de la cédula de vecindad. Autoridades de la Procuraduría indican que actualmente dicho recurso no ha tenido respuesta por parte de la CC.

Sin embargo, el Registro Nacional de las Personas informa que después de la publicación de la disposición de la CC en el diario oficial, el costo que tendrá el DPI para los ciudadanos pendientes de tramitarlo, será de Q85; cuyo monto actualmente se cobra por la reposición del documento.

“El planteamiento se sigue manteniendo de cobrar Q85 después de la fecha de publicación en el diario oficial. Lógicamente después de la publicación procede el vencimiento de la cédula; por lo tanto las personas que quieran hacer el trámite tendrán que pagar el costo del DPI”, manifestó Carlos Narez, relacionista público del Renap.

Según Narez, actualmente 200 mil ciudadanos continúan pendientes del proceso de trámite del documento, pero esperan que los guatemaltecos se acerquen a las distintas sedes de Renap, pues asegura que en los últimos días se ha percibido irregularidad en cuanto a la afluencia de personas.

“Esto permite que en algunas sedes no haya asistencia considerable, y por lo tanto el ciudadano puede llegar a hacer el trámite sin mayores inconvenientes. Es importante mencionar que los casos se encuentran en la PGN y que deben ser evacuados”, argumentó.

Asimismo, se estima que la Procuraduría General de la Nación tiene en su poder más de 19 mil expedientes sin resolver de igual número de personas, cuyas partidas de nacimiento no existen por distintas razones, ya sea porque los libros se deterioraron o fueron quemados en las municipalidades. Mientras tanto, el Renap se opone a que se amplíe el plazo de vigencia de la cédula de vecindad.

El relacionista subrayó: “Somos respetuosos de la ley y de las instituciones. Consideramos que el tiempo establecido fue suficiente para que todos los guatemaltecos pudieran gestionar el documento. Salvo en los casos de los ciudadanos que encontraron algún problema en el registro o que los libros fueron quemados en las municipalidades; son casos especiales y particulares que sí merecerían tener un tiempo específico para poderlos resolver”.