Todo está listo para que siete jueces «liquidadores» empiecen a conocer los miles de procesos en el Tribunal y Juzgado de Alto Riesgo del Organismo Judicial; pero, ¿qué pasará con los procesos que esas instancias no han resuelto desde 1998?

Los casos que desde hace más de once años están detenidos en las instancias que actualmente conocen únicamente los procesos considerados de alto riesgo, y que superan los 13 mil 300, serán tramitados en tiempo «récord» por cinco juzgadores.

En ese marco, cada juez liquidador conocerí­a un promedio de 2 mil 600 casos que han permanecido archivados durante más de 11 años, y que con esta iniciativa podrí­an resolverse en un tiempo significativamente corto.

A criterio de analistas consultados, las anteriores cifras tan sólo reflejan una mí­nima parte de la excesiva mora judicial que existe en el paí­s y la violación del derecho a la justicia pronta y eficaz de parte del Organismo Judicial hacia cientos de ciudadanos y ciudadanas.

Los expertos consultados en esa materia estiman que igual número de procesos podrí­an haber retrasados en otras 20 instancias penales, por lo que se hará necesario que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia integre equipos especializados que se dediquen a la desaturación del OJ.

Pero el funcionamiento del sistema de justicia requiere de otros engranajes como el Ministerio Público (MP), Defensa Pública, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entre otros; por lo que el trabajo no será sólo del órgano a cargo de la aplicación de la justicia.

IMPLEMENTACIí“N

En quince dí­as comenzarán a trabajar los seis jueces liquidadores, cuyo reto es depurar los 13 mil 380 procesos que están acumulados en el Juzgado Primero de Primera Instancia y Tribunal Primero de Sentencia desde hace más de once años.

Lo anterior es una iniciativa de la Cámara Penal y ha sido bien vista por los sectores fiscalizadores del sector justicia; no obstante, aún existen crí­ticas respecto de esa salida planteada por los magistrados al problema de la mora judicial.

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, manifestó que con ese proyecto busca «liquidar el rezago judicial que durante años no se ha movido en los juzgados de la capital».

En ese marco fueron nombrados los seis jueces liquidadores para depurar los miles de procesos que están acumulados en las citadas instancias; los cuales, a criterio de la Cámara Penal laborarán en una primera fase.

Esto se debe a que en las 11 judicaturas de primera instancia que funcionan en la capital existe un cúmulo promedio de 88 mil expedientes que no han sido resueltos, por lo que la Cámara Penal estima que los jueces liquidadores conozcan esos casos en los posteriores juzgados.

Barrientos añadió que el nombramiento de los jueces liquidadores se hizo con base a la calificación que estos obtuvieron como jueces de Paz en las evaluaciones anuales que el OJ realiza a los operadores de justicia.

Tres de los jueces conocerán los juicios retrasados en el Tribunal Primero de sentencia, los dos restantes conocerán los casos del Juzgado Primero de Primera instancia. Ambas judicaturas se dedicarán de ahora en adelante exclusivamente a los procesos de alto riesgo que la Cámara Penal les asigne.

EXCESO DE TRABAJO

Estuardo Galeano, coordinador del área jurí­dica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), considera que el sistema judicial en Guatemala está «sumamente atrasado», y refiere que el promedio de impunidad del 99 por ciento que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala señaló recientemente es el resultado de ese retardo en la resolución de casos. A criterio del analista, esa situación deja a las y los guatemaltecos «de rodillas ante la violencia».

El entrevistado criticó el excesivo trabajo que tendrán los liquidadores de estos procesos: «Estas acciones están bien pero tienen que ser una respuesta responsable ante la crisis, pues no se puede nombrar a un juez que conozca miles de casos porque después se va a tener que nombrar a un liquidador que liquide el trabajo retrasado de los liquidadores», indicó.

Galeano añadió que la sobresaturación de procesos es un tema que ya sobrepasó al OJ, por lo que consideró que ese organismo debe asumir esa deuda y crear un equipo grande que pueda dar seguimiento a los procesos olvidados.

«Con esta propuesta se corre un riesgo: y es que la prisa le gane al principio de legalidad; ojalá que no por salir del paso se vaya a dar una respuesta poco efectiva para los que presentaron las acciones judiciales en su momento y es obligación de estos juzgadores resolver en base a derecho respetando a las ví­ctimas y favoreciendo a la justicia y no la impunidad», manifestó Galeano.

El jurista también recomendó al OJ realizar una campaña de comunicación para que todos aquellos que hayan buscado justicia en años pasados estén pendientes de los procesos que se vayan resolviendo.

BUENA MEDIDA PERO…. Aní­bal Garcí­a, diputado del Congreso de la República y abogado, respaldó la medida de la Cámara Penal sobre nombrar a los jueces liquidadores ya que hay un monto de juicios y procesos que por ser considerados de poco impacto no han sido tomados con la seriedad y responsabilidad profesional que deberí­a asumir el OJ, indicó.

«Aun a pesar que son varios jueces los que se van a dedicar a esa tarea coincido con que sea una carga muy fuerte de trabajo y deberí­an integrarse más jueces para ese fin», indica Garcí­a.

El legislador añade que en materia de seguridad y justicia para el paí­s «no hay que escatimar presupuestos económicos y logí­sticos para que las victimas tengan el acceso a la justicia que merecen.

A decir de Garcí­a, la salida a la mora judicial del OJ es complicada ya que los procesos con tantos años de retraso podrí­an implicar graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso: «deben terminarse los casos en un proceso que lleve a una sentencia condenatoria o absolutoria, serí­a lamentable que personas guarden prisión tantos años por la ineficiencia de los órganos de justicia»; señala el diputado.

Pero Garcí­a también considera que la complejidad del problema implica «abrir un hoyo para tapar otro», pues muchos de estos casos irán a parar al MP para que reabra una investigación.

«El problema es que el MP nunca ha tenido una estrategia para agilizar las investigaciones, todos los fiscales han carecido de una estrategia clara y una total ausencia de mí­stica, por eso es que los investigadores cumplen cada uno con lo mí­nimo y no hay compromiso real para combatir la impunidad», enfatiza el diputado.

No obstante lo anterior, el entrevistado considera que aunque es importante coordinar esfuerzos para el combate a la impunidad, cada instancia debe cumplir con la parte que le corresponde para la lucha contra la impunidad en el paí­s, «aunque deben haber coordinaciones cada quién debe responder a su independencia judicial y jurisdiccional», refiere.

MíS Y MíS CASOS

Recientemente, Diario La Hora publicó un reportaje en el que constataba la deficiencia a nivel de cobertura del MP; en dicho trabajo, Gloria Porras, secretaria general de esa institución, reconoció que a nivel municipal sólo existe cobertura en un 20 por ciento.

Además, la funcionaria indicó que actualmente laboran en esa instancia un total de 394 fiscales y que el año recién pasado ingresaron un total de 392 mil denuncias, por lo que cada fiscal deberí­a conocer unas mil al año, informó.

Diario La Hora intentó obtener una postura oficial del Ministerio Público respecto a la posible acumulación de procesos con la liquidación de los mismos en el Juzgado Primero de Primera Instancia; no obstante, Amí­lcar Velásquez Zárate dijo no poder atender las llamadas realizadas en su celular.

En ese caso fueron entrevistados dos jefes de fiscalí­a, sin embargo, solicitaron no ser citados debido a que «no están autorizados para emitir opiniones respecto a ese tipo de temas», señalaron.

Una fiscal entrevistada señaló que la depuración de los expedientes en la citada judicatura sí­ va a generar grandes cantidades de casos en el MP y que ello generará en esa instancia una sobresaturación de trabajo.

«Creo que sí­ habrá una carga extra de trabajo para los fiscales, pero también considero que van a ser casos que se tienen que resolver porque la justicia no puede estar acéfala, es un sólo cuerpo», refiere el investigador consultado.

Otro fiscal coincidió con su colega al manifestar que los casos que serán depurados en el OJ serán remitidos hacia las diferentes fiscalí­as, lo que generará un mayor número de casos por cada fiscal, no obstante, cree que es necesario resolver la situación jurí­dica de muchas personas que podrí­an estar implicadas en ese tipo de casos.

El fiscal entrevistado consideró que el Fiscal General tendrá que considerar la conformación de una comisión de fiscales que analice los casos de esa instancia para que sean ellos los que tomen decisiones respecto a los mismos y evitar con ello que estos saturen el trabajo de las fiscalí­as.