Al año ingresan en promedio casi 18 mil casos por delitos graves al sistema de justicia guatemalteco; en el camino, por las características de cada proceso, algunos atraen a los periodistas, acaparan las portadas de los periódicos e importantes espacios en los telediarios y radioperiódicos, lo que les convierte en causas mediáticas, pero el mayor porcentaje sigue su camino lejos de los focos de la prensa, muchas veces en senderos largos y escabrosos, donde no tiene cabida la presión y el activismo social.

El 5 de abril de 2011, en el departamento de Jutiapa fueron detenidos en flagrancia tres hombres cuando recogían un paquete que contenía el dinero producto de una extorsión que realizaban a una persona del lugar. 
Dos años después, la Fiscalía Distrital de dicho departamento logró comprobar que los sindicados Alvin Armando Salguero López, Enrique Lima López y Melvin Estuardo Salguero Godoy cometieron los delitos de asociación ilícita, extorsión  y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva.
El caso estuvo lejos de los focos de atención mediática y el tiempo en que se resolvió excedió el promedio establecido por la ley y el promedio que el Ministerio Público (MP) ha fijado para que los casos sean eficientes.

En un caso diferente, en la Torre de Tribunales se diligenciaba un proceso en contra de Gerber*, quien fue acusado de perpetrar robos en la zona 11 de la Ciudad Capital.

Al momento de ser entrevistado, Gerber se encontraba por los pasillos del edificio de Tribunales leyendo detenidamente la resolución que lo condenaba a pasar ocho años tras las rejas por la portación ilegal de un arma de fuego.

Su vida cambió el 21 de abril de 2012 cuando, según su versión, conducía el automóvil de la funeraria donde trabajaba, regresando de un entierro. Ese día la Policía Nacional Civil (PNC) recibió varios reportes de robo en una calle cercana a la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde aparentemente un menor de edad cometía los ilícitos.

Según la investigación de la Fiscalía, Gerber y  su hermano menor de edad eran quienes atracaban a los transeúntes. Tras realizar una inspección por el área, la PNC les indicó que se detuvieran.  En el interior del automóvil encontraron supuestamente una cartera con los documentos de identificación de una mujer, así como un arma de fuego.

Gerber dijo ser inocente y acusó a los agentes policiales de montar un caso en su contra por pelear con ellos. “Es que le estaban pegando al menor de edad y me metí; como no les gustó dijeron que él andaba con nosotros, pero él (el menor) sí estaba asaltando”.

Sin embargo, su declaración no fue suficientemente creíble para el Tribunal Sexto del Ramo Penal, que lo condenó a ocho años por el delito de tránsito o traslado ilegal de armas de fuego. No obstante, lo absolvió por el ilícito de encubrimiento propio.

Ahora, el entrevistado señala  que la cárcel será nueva para él, ya que durante todo el proceso contó con la medida sustitutiva de libertad bajo fianza.

Es por eso que “agradece” que su caso no haya sido mediático, porque “estaba trabajando y si hubiera salido en la prensa me despiden, porque la gente me ve mal y piensa que soy un delincuente”.

LA INCIDENCIA
La atención de los medios de comunicación sobre un proceso judicial tiene un impacto sobre los involucrados, explicó Ramiro McDonald, semiólogo y profesor universitario.

Según explicó el experto Grey Mas, un semiólogo francés, son los actantes, las personas que participan de un proceso de comunicación; en este caso el demandante, el acusado, el acusador y el mismo cuerpo de Estado que hace mediación en el proceso, es decir los jueces y su equipo.

“Por estos tres actantes el proceso judicial tiene un impacto mucho más fuerte si llega a los medios, porque se le da un grado de visibilidad y entonces la gente incluso puede llegar a ejercer presión”, analizó.

McDonald agregó que “aunque no sea de forma pública los jueces son intimidados, incluso, por familiares, amigos o colegas que conocen las intimidades del juicio que salen a relucir a través de los medios de comunicación”.

En relación al otro extremo, refirió que los procesos que están lejos de atención mediática pueden ser sujetos de análisis más fríos y devenir en juicios más objetivos, pero bajo la posibilidad que dentro de esa lejanía se fragüen tratos ilegales.

“El problema de si no se conocen (públicamente), es que el juez puede diligenciarlos de una manera injusta”, resaltó el experto y explicó que aunque la publicidad excesiva de muchos actos también puede “fastidiar, presionar u oscurecer las decisiones de los jueces, cuando pactan con alguna parte y no se ven sometidos a ninguna presión”, por lo que la presión mediática puede impedirlo o prevenirlo.

LOS OLVIDADOS
Bartolo Pérez, abogado que conoce procesos penales y de familia, asesora legalmente a Margarita Coxaj, quien desde julio de 2011 lucha por una pensión alimenticia para sus tres hijos.

Este tipo de procesos, generalmente se maneja lejos de las noticias consideradas relevantes en los medios de comunicación, criticó Pérez, no obstante dijo que detrás de éstos está la alimentación y el desarrollo de uno de los sectores más desatendidos, la niñez, y que los procesos tardan años y se entretienen en artimañas legales

“Según lo establece la Ley, un proceso de este tipo no debe llevar más de 10 días, pero estos casos dentro de tantos son invisibles y llenos de burocracia”, refutó.

Por su parte, Coxaj agregó que tampoco la justicia colabora, pues “muchas veces los trámites se retrasan porque hay un nombre o un apellido incorrecto; cuando es así, el trámite se cae, eso demuestra demasiada burocracia”.

“Estos casos son tan importantes como los casos de corrupción, porque es la alimentación
de los niños”, concluyó Pérez.

LEJOS DE LOS POBRES
En tanto, José Antonio Arévalo, comerciante de 62 años que visita la Torre de Tribunales para apoyar a sus vecinos sindicados de secuestro, en un proceso de hace tres años, indicó que aunado a un sistema de justicia lento, en los medios de comunicación se olvidan de “los casos de la gente pobre”.

“Casos de mujeres descuartizadas, niños que han muerto, se olvidan porque no vende, porque se buscan casos que llamen la atención para poder vender, pero qué hay de casos como la mujer que fue asesinada junto a sus dos hijos en Suchitepéquez”,  se preguntó enfático.

El entrevistado también dijo que “desgraciadamente en nuestro país la justicia es también dinero, ni al Estado le interesan los casos sencillos, si no representan algún interés político, nos olvidan”.

Por último criticó que “tienen los casos allí guardados sin interés de nadie más que de la gente pobre; la falta de atención y que no le den continuidad, los deja en la oscuridad”.

A DIARIO
César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó que el Poder Judicial recibe todos los días casos importantes por hechos delictivos cometidos en el país, sobre delitos graves y de lesión de bienes e intereses nacionales, y todos los casos son importantes; y el Estado debe crear las condiciones para conocerlos todos.

“Todos los casos son importantes, algunos llaman la atención y se vuelven paradigmáticos por muchas razones, entre estas: intereses económicos, políticos, sociales en que están envueltos o por la gravedad de sentimientos sociales de  invasión por los hechos que se cometen, y que llaman la atención de los medios de comunicación que hacen seguimiento especial”, analizó.

Sin embargo, esta experiencia no siempre resulta productiva para el sistema de justicia, puesto que a consideración de Barrientos “a veces los casos mediáticos no son útiles para medir cómo se tratan todos los demás”.

“Por la complejidad en que se envuelven tienen muchas circunstancias o muchos aspectos que no ocurren en otros procesos”, consideró, y citó como ejemplo la interposición de actividades de obstrucción de la defensa, muchas presiones que reciben los jueces o los que participan en la administración de justicia”, indicó.

En ese sentido acotó que los casos que atraen la atención de los medios sirven para tener una impresión de cómo se encuentra la justicia en el país, pero no son para medirla totalmente.

“El caso es que en Guatemala los tribunales de justicia atienden y resuelven casos graves y la idea es que la resolución del caso sirva con el fin del derecho penal, con el fin de prevenir de los nuevos hechos delictivos, generar en la población el fortalecimiento de la idea de que el que delinque es castigado cuando se comprueba que cometió el hecho y absuelto cuando el MP no logra demostrar más allá de toda duda razonable”, enfatizó.

El magistrado también informó que aproximadamente al año entran 18 mil procesos penales por delitos graves como asesinatos, extorsiones, crimen organizado, etc.

LAS MEDIDAS
Barrientos también indicó que el Poder Judicial necesita que la sociedad vaya generando las condiciones para que puedan exigir jueces imparciales e independientes y dejarlos resolver en los casos con justicia, confiar en los mecanismos legales cuando se comenten errores en los procesos judiciales.

“Se necesita comprender la tarea de los jueces y por lo tanto hay que apoyar su dignificación. El Estado necesita aportar más recursos para poder atender todos los casos que se producen”, acotó.

Barrientos insistió en que el Estado debe aportar los medios para tener un sistema de justicia donde la resolución de los casos se realice sin la necesidad de la presión mediática.