En julio pasado la Corte de Constitucionalidad dejó en firme la naturaleza permanente y continua del delito de Desaparición Forzada, por lo que el primer debate que se lleva en la historia del paí­s por la desaparición forzada de seis personas en Choatalum, Chimaltenango, podrá continuar; sentando un precedente para las más de 45 mil desapariciones forzadas durante la guerra.

Familiares de las personas detenidas y desparecidas entre 1982 y 1984, con el acompañamiento del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), presentaron una denuncia en la Fiscalí­a del citado departamento contra Felipe Cusanero Coj quien, en compañí­a de miembros del Ejército, perpetró el delito.

Sin embargo, fue hasta mayo de 2006, que la Fiscalí­a contra la Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, presentó la acusación contra Cusanero, por la comisión del delito de desaparición forzada. En ese mismo año la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad, argumentando la violación del principio de retroactividad de la ley, ya que el citado delito se tipificó hasta 199.

Pese a ello la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, en agosto de ese mismo año, sin lugar el recurso de apelación, por lo que se fijó un nuevo debate para marzo de 2008. No obstante, la defensa apeló la resolución de la CC y el debate estuvo suspendido desde abril de ese mismo año.

El 20 de julio recién pasado, Caldh, Famdegua y familiares de las ví­ctimas recibieron información sobre la resolución de la CC, que dejó en firme la naturaleza permanente y continuada del delito para reanudar el debate oral y público en el caso de Chaotalum.

«Después de muchos años de impunidad, en el caso Choatalum, la justicia abrió puertas a los familiares de las ví­ctimas para que puedan juzgar a un paramilitar en su responsabilidad material por la desaparición forzada de seis personas», dijo Juan Francisco Soto, coordinador del programa de Reconciliación y Justicia de CALDH.

A la fecha, los demandantes están a la espera de que el tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango fije una nueva fecha para continuar con el debate, luego que la CC le notifique su resolución.

DOS MIL CASOS

Los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), dan cuenta de más de 45 mil detenciones y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno, ocurrido entre 1960 y 1996.

El Programa Nacional de Resarcimiento, entre 2008 y 2009, entregó más de 4,845 expedientes al Ministerio Público, donde consta información de violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Según César Dávila, director del PNR, al menos 2,049 de los expedientes corresponden a desapariciones forzadas cometidas en el perí­odo de enfrentamiento armado, entre el Ejército y la guerrilla.

«En la medida en que avancemos en la información, el MP va a tener un trabajo más fuerte», dijo Dávila.

Durante la segunda entrega de documentos, en enero de este año, Dávila dejó ver el poco avance en la investigación de los primeros 1,640 expedientes que entregó al MP.

RETO

Ambos entrevistados coinciden en que la existencia de más de 2 mil casos en el MP, y la reciente resolución de la CC, se constituye en todo un reto para al Sistema de Justicia, para el avance de la investigación y resolución de las violaciones a los derechos humanos que han estado impunes por décadas.

«Al concluir la Primera Instancia judicial, en el cual se encuentra el caso de Choatalum, se espera la condena de apenas un ejecutor material de solo seis de los 45 mil casos de detención forzada. Por ello, la sentencia de la CC y el sistema de administración de justicia tienen en sus manos la obligación de garantizar la justicia a las decenas de miles de familiares de las ví­ctimas», argumentó El representante de CALDH.

«La impunidad no puede seguir siendo la norma en la administración de justicia, en casos de graves violaciones a los derechos humanos registrados en los años de la guerra interna», concluyó Soto.