Se prolongan las acciones legales y el proceso del caso abierto de genocidio en el país continúa detenido; la defensa de Ríos Montt, uno de los militares acusados en dicho proceso, planteó recientemente un nuevo amparo: esta vez buscando que las declaraciones de los testigos no sean escuchadas como lo resolviera el juez de la causa.
lahora@lahora.com.gt
El amparo de Ríos Montt, interpuesto el martes último, se suma a un anterior que fue planteado por la defensa de Aníbal Guevara, otro de los militares acusados en ese caso, el cual tenía el mismo planteamiento.
«Juez se equivoca»
El abogado defensor del ahora diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) argumentó que el amparo contra el juez undécimo alega que «si la CC declaró que España no puede perseguir en el país hechos por los que están acusando a mi defendido, no tienen por qué escuchar a esos testigos porque estarían de nuevo accediendo a un pedido de España».
Palomo reiteró que la solicitud de la declaración de los testigos fue efectuada por la Audiencia Española «para una supuesta próxima extradición, por lo que ésta no procede», afirmó, y agregó que la sentencia del 12 de diciembre emitida por la CC no permite esas acciones.
Puntos de vista
Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó sobre las acciones interpuestas que han, de alguna manera, obstaculizado el desarrollo del proceso; están dentro del derecho al ejercicio de su defensa.
«Una vez el acusado sea citado para declarar y se niegue a hacerlo, puede emitirse una orden de conducción en ese caso», refirió el entrevistado.
Ramírez manifestó que el problema de la lluvia de recursos interpuestos por cualquier defensa no es de litigio malicioso sino de ética: «lo que existe en ese caso está más relacionado con el tema ético de querer retardar el proceso en forma malintencionada», enfatizó
Benito Morales, de la Fundación Rigoberta Menchú, dijo que el requerimiento de la comisión rogatoria se efectuó cuando hubo desplazamiento de funcionarios de España a Guatemala.
«El acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de atender la comisión rogatoria, dio lugar a una serie de impugnaciones de todo tipo por parte de la defensa, lo que ha impedido, desde entonces, que se realice», puntualizó Morales.
Espera resolución
Eduardo Cojulún, juez undécimo de Primera Instancia, informó que la Sala Primera de Apelaciones le fijó un plazo de 24 horas para que emitiera un informe (sobre la acción interpuesta por Guevara) en el que le fue solicitado que ampliara la resolución, basada en el principio de reciprocidad. El juzgador remitió dicho informe y está a la espera del fallo de la Sala de apelaciones.
El juez añadió que no había sido notificado del amparo interpuesto en su contra por el abogado de Ríos Montt.
El principio de reciprocidad prevalece, según afirman expertos del Derecho, a nivel de la comunidad jurídica internacional.