La inconstitucionalidad interpuesta por Efraín Ríos Montt en el proceso de apertura de los planes militares, fue la razón por la que el Juzgado Segundo fundamentó su negativa a entregar una copia certificada de estos documentos a España.
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Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional de España, solicitó por medio de una carta rogatoria una copia de los cuatro planes militares contrainsurgentes, dos de los cuales están bajo resguardo de la Judicatura segunda de primera instancia.
El juez, Carlos Aguilar, suplente en esa judicatura, ante esa petición resolvió no entregar los procesos al juzgado contralor de las diligencias de España argumentando que existe una inconstitucionalidad en caso concreto, planteada por la defensa de Ríos Montt.
La Corte de Constitucionalidad no ha resuelto la citada acción, en la que el militar retirado alega que la desclasificación de los archivos militares viola el secreto militar pone en peligro la seguridad del país.
El juzgado Undécimo de Primera Instancia es el Contralor de las diligencias solicitadas por la Audiencia Nacional española y ante tres negativas, tanto de la judicatura segunda como del Ministerio de la Defensa, para entregar una copia de los archivos, notificará a España sobre lo resuelto en este país.