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Una pregunta de más de 700 millones de quetzales flota en el aire a raí­z de la referida captura: ¿Podrá el Estado guatemalteco recuperar la multimillonaria defraudación por la que el MP señala a Mario Amancio Brol Samayoa -dueño de la empresa Alka Wenker- en caso que se logre probar su responsabilidad en esos hechos?

Expertos entrevistados no pudieron dar una respuesta certera a esa pregunta; a eso se suma el hecho que existen estudios que revelan que la impunidad en ese tipo de delitos alcanza el 96 por ciento.

Brol fue capturado el pasado 3 de agosto. Durante más de dos años, fue uno de los empresarios más buscados por su supuesta participación en el millonario fraude relacionado con la compra anómala de unos 114 millones de galones de combustible, realizada entre 2003 y 2004.

Actualmente está ligado a proceso en el caso de la Capital, por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora; y en Escuintla, por defraudación aduanera, casos especiales de defraudación aduanera, defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria, alzamiento de bienes y lavado de dinero.

El juez contralor de la causa consideró que existí­a peligro de fuga debido a que el sindicado evadió a la justicia por más de 25 meses. Por ello, se le dejó en prisión preventiva.

Sus abogados abrieron una larga batalla legal que provocó incluso que una sala de apelaciones revocara la orden de captura en su contra por el fraude millonario y retiraran los embargos a favor del Estado; en ese marco la pregunta persiste: ¿Regresarán ese gran número de impuestos al fisco?

EL CASO

El caso Alka Wenker fue investigado por el Ministerio Público durante más de dos años, luego de que trascendiera la denuncia por evasión de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La investigación de la Fiscalí­a detalla que los más de 114 millones de galones de combustible, que compró la empresa Alka Wenker, serí­an -supuestamente- reexportados hacia paí­ses vecinos, logrando además ser exonerado de pagar tributos.

Por otro lado, según la SAT, Brol Samayoa creó una red de entidades que simularon la venta de gasolina y defraudaron al ente recaudador con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros. Tanto para el MP como para esta instancia, el sindicado es considerado como el más grande defraudador hasta el momento.

Sin embargo el combustible era vendido en el paí­s a través de la red de gasolineras, con lo cual evadí­a el pago del Impuesto a la Distribución del Petróleo, el Impuesto Sobre la Renta, así­ como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mismo que sí­ era cobrado a los consumidores.

Según fuentes del MP, la defraudación ligada a la citada empresa fue conocida en la SAT durante la gestión de Marco Tulio Abadí­o Molina, sin embargo los documentos fueron archivados durante la gestión de quien hoy permanece en prisión, por malversación de Q 24 millones de esa entidad.

Tanto la Fiscalí­a como la SAT establecieron, posteriormente, que Abadí­o Molina y su hijo, Junior Vinicio Abadí­o, habí­an recibido uno Q3 millones de esa entidad para que el caso no avanzara.

Según información del MP, Brol también participó en las actividades de la compañí­a Ecopetróleos S.A., que importó 1.2 millones de barriles de gasolina y diésel durante 2 años consecutivos. Esta compañí­a fue creada en 2004 por personas vinculadas a Alka Wenker; sin embargo, actualmente ya no reporta operaciones.

¿RECUPERACIí“N?

Fernando Mendizábal, abogado de la SAT, comenta que para esa institución la captura de Brol Samayoa «establece un precedente para los procesos de evasión que se han presentado en el paí­s».

El jurista añade a ese comentario que el caso abierto por la millonaria defraudación de Alka Wenker también representa un reto para el sistema de justicia guatemalteco.

«Es importante resaltar que la SAT trabaja en apego a la ley y lucha constantemente para contrarrestar la elusión y evasión de impuestos», añade Mendizábal.

Respecto a la recuperación de los fondos defraudados por esa entidad, los cuales ascienden a unos Q 900 millones, Mendizábal indicó: «Es complicado asegurar si el dinero se va a recuperar o no».

Mendizábal añadió que hay bienes embargados a Brol, entre ellos la planta de combustibles que utilizaba Alka Wenker para depositar la gasolina producto de la evasión, esta se encuentra intervenida a favor de la SAT.

Según los informes de la SAT, a la fecha las rentas obtenidas por el alquiler de la planta suman alrededor de Q36 millones; a ello se suma el valor en que podrí­a oscilar la planta, que está en unos US$15 millones, más una propiedad en el Puerto de San José; sin embargo el proceso penal debe ir avanzando para que se diluciden esas dudas.

ARCHIVO

A criterio de Carlos González Arévalo, consultor económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la recuperación de los montos defraudados por una entidad privada al fisco depende de una exhaustiva revisión y establecimiento de los activos de los empresarios que incurran en ese ilí­cito.

«Las instancias que intervienen en un proceso penal de ese tipo deben establecer la exactitud de las cuentas deudoras de los empresarios: la posibilidad de recuperación de lo defraudado está en función de los activos que la o las empresas posean para que en la ví­a legal se puedan intervenir estos bienes y vayan pasando a ser propiedad del Estado», explica González.

Sin embargo, aunque el experto señala que en esa medida puede haber recuperación económica podrí­a existir el caso de personas que sólo prestan firmas como propietarios pero que no poseen activos financieros.

El entrevistado señala que los delitos de defraudación tributaria o aduanera tienen efectos graves en el Estado, los cuales se hacen evidentes en sus finanzas y cita como ejemplo las recientes declaraciones del Presidente de la República en las que señala que sólo existen fondos suficientes para gastos de dos meses.

«No sabemos en realidad cuánto se defrauda al Estado anualmente, pero si esos fondos fueran recuperables, el Estado no tendrí­a este tipo de problemas; los ingresos tributarios serí­an mejores», señala.

González indicó finalmente que el Estado debe fortalecer las medidas administrativas para evitar esas filtraciones financieras y darle mayor solvencia a su presupuesto; además recomienda hacer una revisión de toda la estructura tributaria en el paí­s y acomodarla a la realidad; fortalecer los impuestos directos «que gravan al que tiene mejores beneficios», así­ como trabajar en impuestos permanentes que le garanticen al Estado una carga tributaria prudente y la disminución de gastos innecesarios.