El escándalo en Colombia por los ví­nculos de polí­ticos con paramilitares que provocó la renuncia de la canciller llevó a la cárcel a ocho congresistas, también cerró las puertas a una cercana negociación para la liberación de 57 rehenes de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt, que cumplió cinco años en cautiverio.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la guerrilla más antigua y militarmente poderosa de las que combaten en el paí­s, le hicieron saber a Uribe por un intermediario que no negociarán con un gobierno que consideran «ilegí­timo» y «paramilitar».

Además, renovaron su exigencia de desmilitarizar dos municipios del suroeste para negociar el canje de esos rehenes por unos 500 rebeldes presos, dos de ellos extraditados a Estados Unidos, demanda que Uribe rechaza.

El mandatario, que culminará en agosto de 2010 su segundo mandato, reaccionó el jueves anunciando que «arreciará» la ofensiva contra las FARC, a las que calificó de «bandidos que engañan al pueblo colombiano y la opinión internacional».

La radicalización de las posiciones de las dos partes, que sin embargo aseguran tener voluntad de pactar el canje, esfumaron las escasas posibilidades de lograrlo en un futuro cercano, pese a la mediación de Francia, España y Suiza, que en diciembre de 2005 presentaron un plan para ello.

«Con el pulso polí­tico y mediático entre el presidente Uribe y las FARC, que han ratificado sus posiciones, se está perdiendo un tiempo precioso para hacer el intercambio, y preocupa la lectura que las FARC hacen del destape del (escándalo) del paramilitarismo», dijo a la AFP el analista Alfredo Rangel.

El Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo Andino de la privada Universidad del Rosario de Bogotá, considera en un análisis que «el acuerdo humanitario amenaza con convertirse en un factor que divida polí­ticamente al paí­s».

Advierte además que «inclusive, podrí­a extender sus efectos a las propias relaciones exteriores. Algo que las FARC leerán como una victoria suya».

Además de la gestión conjunta de los tres paí­ses europeos, Francia ha intentado obtener la liberación de Betancourt, dado que tiene también la nacionalidad de ese paí­s, donde se ha convertido en un sí­mbolo del flagelo del secuestro que azota a Colombia y se rechaza un rescate militar.

Aunque del grupo de secuestrados, que componen decenas de polí­ticos, militares y policí­as colombianos, también hacen parte tres estadounidenses, el gobierno del presidente George W. Bush respalda la polí­tica de Uribe de lucha contra las FARC.

Si bien Uribe también ha obtenido el respaldo de Washington en el proceso que llevó a cabo para desmovilizar a las violentas y temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le inquieta el escándalo desatado por los ví­nculos de legisladores oficialistas con esos escuadrones de extrema derecha.

Entre los vinculados está el senador ílvaro Arújo, hermano de la saliente canciller Marí­a Consuelo, a quien Uribe reemplazó por un ex rehén de las FARC.

El designado canciller, Fernando Araújo –que no es familiar de su antecesora– se escapó el 31 de diciembre pasado, tras un cautiverio de seis años, aprovechando un operativo militar contra el campamento guerrillero donde estaba retenido.

Ese nombramiento se constituyó en un sí­mbolo de la estrategia de rescate militar de los rehenes de las FARC que Uribe viene privilegiando desde hace unos meses, y que podrí­a haber llevado al grupo guerrillero a sacar del paí­s a Betancourt para evitar ese riesgo, según informaciones no confirmadas que ha recibido el gobierno.

Independientemente de que esa posibilidad sea cierta o no, pero a la que Uribe le concedió crédito en declaraciones esta semana a medios de prensa franceses, la posibilidad de que Betancourt y los otros 56 secuestrados recobren la libertad por un canje en lo que resta del gobierno de Uribe es muy poco probable.

Sin embargo, los familiares de los rehenes, algunos próximos a cumplir diez años en cautiverio, no pierden las esperanzas, según manifestaron a la AFP.