No es casual que nuestra sociedad presente tantos conflictos puesto que carecemos de instituciones eficientes que puedan atender los planteamientos de distintos sectores que se sienten desamparados y, lo peor, forzados a tomar medidas de hecho si quieren ser escuchados porque la vía normal, de solicitar atención mediante memoriales dirigidos a la autoridad competente, por lo general es absolutamente inútil. Lo mismo puede decirse de la vía administrativa que en el plano judicial puesto que en ambas esferas prevalece aquello de que quien tiene más saliva traga más pinol y por ello muchos reclamos que tienen sólido fundamento, son ignorados porque persiste un sistema en el que no existe garantía del imperio de la ley.

En la ciudad cuesta mucho entender lo que se vive en comunidades apartadas donde los pobladores son despojados de derechos o tienen que soportar imposiciones derivadas de negociaciones que se hacen en la capital entre funcionarios con personas que tienen poder económico. La minería es un simple ejemplo de cómo se ignoran los planteamientos de la gente y ni siquiera se demuestra el menor interés por tomar en cuenta sus preocupaciones. Basta el acuerdo entre inversionista y funcionario para que el asunto quede absolutamente definido, aunque entre la población afectada surjan dudas, no digamos inconformidades.
 
 La forma de prevenir conflictos es mediante una fuerte institucionalidad capaz de atender y canalizar las inquietudes de los distintos sectores para actuar conforme a la ley. Si hubiera certeza de que la administración de justicia es imparcial y transparente, uno tendría que acatar las resoluciones judiciales como última palabra para zanjar y resolver conflictos, pero cuando esa administración es veleidosa y en muchos casos prostituida, no se puede exigir a la gente que se someta a la majestad de una ley que ha sido manoseada a cambio de unos cuantos billetes.
 
 Molesta sobremanera que existan grupos que reclamen y que tomen medidas de hecho que afectan al resto de la población. Pero si nos ponemos en los zapatos de quienes se cansan de meter memoriales ante autoridades que ni siquiera se toman la molestia de leerlos, no digamos de darles trámite y responder a los peticionarios, veremos que tomando en cuenta la inutilidad de nuestras instituciones, es a la larga poco lo que nuestra gente protesta. El que no llora no mama, dice el refrán, y nada más cierto que en el plano de la crisis social porque no hay otra forma de hacerse escuchar si no es mediante acciones que llamen la atención y para ello hay que hacerse notar, generalmente mediante alguna alteración del orden.
 
 La cuestión no es justificar la crisis de gobernabilidad ni justificar la existencia de conflictos, sino buscar medios para que las instituciones cumplan con sus funciones. Lamentablemente las disputas que se dan ya en el proceso de conformación del sistema de justicia, ahora con la elección de fiscal y luego con las de magistrados, evidencia que los poderes fácticos de siempre están más activos que nunca, quizá porque las experiencias de estos años les levantaron la camisa, y eso augura un control más férreo de los procesos judiciales para asegurar que el régimen de impunidad y prostitución de la justicia se mantenga.