La incapacidad para aprobar un presupuesto para el año próximo le plantea al Gobierno un problema administrativo importante porque hay entidades que requerirán casi de inmediato de transferencias para operar de acuerdo con sus necesidades. Una de las prioritarias, sin duda, es el Tribunal Supremo Electoral que en año de elecciones requiere de una fuerte asignación para cubrir todas las necesidades de las posibles dos vueltas y en las condiciones actuales no tienen asignado el dinero correspondiente.
Otra entidad es el Ministerio de Salud Pública, cuyas eternas deficiencias en la asignación presupuestal provocaron serios problemas a lo largo de este año; una negociación entre médicos y autoridades generó un acuerdo que se traduce, básicamente, en un incremento de presupuesto para el Ministerio y en las condiciones actuales hará falta también hacer transferencias para proveer de dinero a la cartera.
Nos imaginamos que el Presidente de la República será extremadamente cuidadoso para firmar cualquier solicitud de transferencia porque la fiscalía de delitos contra la corrupción sentó el precedente de que la firma de esas transferencias da lugar a la acusación penal contra el funcionario que las suscribe. Si el TSE, el Ministerio de Salud o cualquier otra cartera hiciera mal uso de alguno de los quetzales producto de las transferencias, no sería raro que el día de mañana otro fiscal quisiera hacer una acusación contra el Presidente de la República, utilizando el precedente de la actual solicitud de extradición al presidente Portillo. Cabalmente por ello, puede ser que el mandatario se muestre mucho menos dispuesto a firmar transferencias, aunque las mismas sean necesarias.
Lo cierto del caso es que habrá un problema administrativo serio para el Gobierno y deberá actuar con mucho tino a la hora de establecer cuáles son los mecanismos idóneos para superar la falta de asignación para distintas dependencias. El Ministerio de Finanzas considera que es mejor, en todo caso, trabajar con el presupuesto de este año y hacer las transferencias del caso, que haberlo hecho con un presupuesto macheteado por la oposición como hubiera quedado el que hasta ayer se estuvo discutiendo.
Y esto es preludio de los muchos problemas que tendremos como país por la falta de acuerdos en el Congreso de la República. Siempre quedará espacio para debatir si es mejor tener un congreso repartido entre tantas fuerzas políticas o uno controlado por el partido oficial o por una oposición menos fragmentada. Creemos que parte de la labor especial que deberá realizar el Gobierno en los próximos meses será la de un intenso cabildeo con todas las fuerzas representadas en el Congreso, para lograr que la agenda nacional no se vea afectada por disputas partidarias, aunque los hechos apunten a que ese será el escenario final.