Tras cinco semanas de huelga general, el conflicto social en la isla antillana francesa de Guadalupe se encaminaba a una solución tras alcanzarse un acuerdo sobre su reivindicación salarial, al contrario que en la vecina Martinica, que vivió una nueva noche de violencia.
El Estado, la patronal y el colectivo intersindical LKP que dirige la huelga contra la carestía de la vida que comenzó el 20 de enero en Guadalupe, llegaron a un acuerdo sobre el aumento de los salarios tras diez horas de negociaciones.
«El Estado garantizará los 200 euros (255 dólares)», declaró a la prensa uno de los dirigentes de la intersindical guadalupeña, Rosan Mounien.
«Estamos acostumbrados a los cambios de rumbo de la patronal, desconfiamos, la huelga continúa», matizó por su lado el líder del LKP, Elie Domota.
Mounien dijo que el acuerdo definitivo sobre los 200 euros no significaba el final de las negociaciones, sino que permitía iniciar las discusiones sobre los otros 19 puntos, entre ellos el pago de los días de huelga.
Las negociaciones iban a reanudarse este jueves a las 18H30 GMT, anunció el prefecto (gobernador civil) de Guadalupe, Nicolas Desforges, explicando que el acuerdo definitivo «no ha sido firmado y las discusiones no han concluido».
El secretario de Estado para Ultramar, Yves Jego, señaló que el aporte del Estado al aumento de 200 euros sería de entre «80 y 100 euros».
Entre tanto, Fort de France, la capital de la vecina Martinica, también paralizada por una huelga general contra la carestía de la vida iniciada el 5 de febrero, vivía una nueva explosión de violencia en la noche del miércoles.
En varias vías importantes de la ciudad se levantaron barricadas construidas con tachos de basuras, algunos en llamas. Igual que la víspera, se oían detonaciones a intervalos regulares en la ciudad, de donde subían humo y olor de gases lacrimógenos.
Varios testimonios recogidos por la radio RCI dieron cuenta de grupos de jóvenes armados, encañonando a los automovilistas con fusiles recortados para robarles sus vehículos.
El centro de Fort de France parecía mejor protegido que la víspera. Según un responsable de la seguridad de la ciudad, los policías consiguieron desbaratar varios intentos de saqueo de tiendas.
Algunos periodistas presenciaron como las fuerzas antidisturbios dispersaban con gases lacrimógenos a jóvenes que se desplazaban en pequeños grupos por las calles con gran movilidad.
Alarmado, el alcalde de la ciudad, Serge Letchimy, calificó la violencia de «inadmisible» y lanzó un llamamiento para que se llegue a un acuerdo sobre los precios y los salarios en 48 horas, como máximo, para evitar que se generalicen los desórdenes.