Tener el monopolio de la violencia no significa que debe ejercerla para reprimir. Cuando un Estado es injusto, pierde legitimidad, por lo que antes de asumir posiciones de fuerza fí­sica, debe presentar argumentos justos.

Sin embargo, el neoliberalismo ha intentado transformar las concepciones del Estado; la privatización de derechos inherentes al pueblo y al Estado ha sido una de sus consignas bajo la premisa de que el Estado no es buen administrador.

De esa forma se ha conducido a un proceso de privatización de los servicios públicos indispensables. Ante la imposibilidad moral de privatizar la educación, han obligado al Estado a descuidar tanto la educación pública, a fin de conducir a los padres de familia a buscar servicios de educación privada. Más vale, en estos tiempos, un deficiente colegio privado, a una escuela pública que funcione con regularidad.

De igual forma, en la salud, se convirtió a los hospitales en lugares tan ineficientes, con tal de que en cualquier emergencia una persona con medianos recursos busque sanatorios y hospitales privados. Hoy dí­a, con el lí­o de los patronatos de salud, se sabe cómo estaba, incluso, privatizado el servicio en los hospitales públicos.

Y, así­, se puede ir enumerando los servicios que están privatizados: la locomoción en vehí­culos, ante la deficiencia del transporte público; la entrada de las compañí­as celulares, ante la imposibilidad de tener una lí­nea telefónica fija en los hogares; la privatización del entretenimiento, ante la falta de oferta cultural con calidad de parte del Estado.

Y, ahora, se le quiere restar al Estado de Guatemala lo único que tiene de Estado, y es el monopolio de la violencia. Es cierto: la delincuencia y la muerte haya roto las cadenas que la mantení­an a raya en Guatemala. Sin embargo, esto sólo sirve de justificación para que en el Congreso de la República se retomen una serie de leyes en materia de seguridad, que están encaminadas a privatizar la violencia.

La nueva Ley de Armas y Municiones busca armar a los grandes empresarios y terratenientes, a fin de que se puedan defender ante la imparable ola de delincuencia que aqueja A TODOS, y no sólo a los de altos recursos. La Ley de Seguridad Privada también intenta restar poder al Estado para que se pueda privatizar la seguridad.

Es decir, de nuevo, a través del neoliberalismo, se intenta justificar que el Estado ha sido incapaz de administrar la violencia, y por ello se le quiere quitar de las manos, con el objetivo de que rija la ley del oeste y que cada quien se defienda como puede. El mecanismo es el mismo que con la educación y la salud, es decir, se deterioró intencionalmente a las fuerzas de seguridad pública para obligar a las personas de medianos recursos a que contraten seguridad privada.

Al igual que como los teléfonos, la educación, los trenes, etc., ahora se nos quiere privatizar la violencia. Me gustarí­a, por ejemplo, que en el Congreso hubiera más pluralismo en pensamiento, ya que las leyes de seguridad son redactadas por diputados neoliberales y/o militares, que no son capaces de entender que la delincuencia sólo puede atacarse con violencia a corto plazo, porque a largo plazo hay que implementar programas que remuevan las cenizas estructurales de la economí­a nacional. Sin embargo, si se le quita el monopolio de la violencia al Estado, después no podremos atacar la delincuencia, ni fí­sica ni estructuralmente.

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