Las autoridades reconocen que líderes de pandillas planifican crímenes y ordenan su ejecución desde el interior de distintas prisiones del país por medio de contactos que se encuentran en libertad. Mensajes escritos, llamadas telefónicas y jergas especiales son algunos de los medios que utilizan para comunicarse con el exterior de las prisiones.
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Las investigaciones dan cuenta que privados de libertad mantienen comunicación con el exterior por vía telefónica y mensajes escritos, lo que les permite planificar y ordenar la comisión de crímenes, a pesar de que se encuentran tras las rejas.
Aunque el 95 por ciento de las mentes criminales a las que se les atribuye hechos violentos de impacto permanecen en cárceles de mediana seguridad, como Fraijanes I y II, la comunicación que sostienen por vía telefónica y escrita con sus operadores en el exterior es un hecho innegable, tanto como el daño que le han causado a las familias guatemaltecas, víctimas de la violencia.
Incluso, las evidencias refieren que «los cerebros» de los hechos delictivos han creado una jerga difícil de comprender, para desorientar a las autoridades, y trasladar los detalles de los planes a sus colaboradores, quienes están en plena libertad para ejecutar hechos delictivos.
PRUEBAS ESCRITAS
Una prueba de este tipo de comunicación se dio el pasado 14 de diciembre, cuando agentes del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (PANDA), capturó al abogado Sandro Danilo Cacoj Bermúdez, de 39 años, a un costado del centro carcelario Fraijanes II, cuando llevaba cuatro cartas de los reclusos, que serían entregadas a pandilleros que se encuentran fuera de prisión. En uno de los mensajes se enviaba la orden de «tirar dulcitos» a un pequeño comercio que no pudo pagar una extorsión; esto, traducido en la jerga delictiva, según investigadores, es una orden para disparar en dicho lugar.
Jorge Mario Caballeros, de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Secretaría de Bienestar Social, reconoció en una entrevista concedida a La Hora meses atrás, la capacidad de los reos del Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, para enviar cartas a menores de edad en conflicto con la ley en donde les ordenan la comisión de delitos. Actualmente hay 301 pandilleros en el Preventivo de la zona 18.
El profesional mencionó la facilidad que tienen algunos privados de libertad para intercambiar información entre adultos y menores, mediante cartas con mensajes que impulsaban a mantener conductas delictivas. En estos hechos, las autoridades estiman que existe complicidad de trabajadores de los centros carcelarios.
LLAMADAS
Eddy Morales, director del Sistema Penitenciario, reconoció que los bloqueadores de señal de celular en los centros carcelarios no funcionan en un cien por ciento, lo que permite a los privados de libertad realizar llamadas telefónicas con los móviles que obtienen de forma ilegal. (Vea: «Hago responsable a la empresa»)
El funcionario destacó que en ocho de los once centros carcelarios, los bloqueadores funcionan entre un 40 y 70 por ciento de efectividad. Por ese mal funcionamiento, el SP emprendió acciones legales contra la empresa contratada para prestar el servicio.
La comunicación telefónica con el exterior es, de esa forma, el medio por el que se comete una gran cantidad de extorsiones y se planifican crímenes con operadores de las clicas que se encuentran en libertad.
«Hago responsable a la empresa»
Eddy Morales, director del SP, concedió una entrevista a La Hora, para hablar sobre la denuncia que interpuso contra la empresa Alta Comunicación, S.A., que fue contratada para implementar en los centros carcelarios bloqueadores de señal para celulares y que, aparentemente, no funcionan correctamente..
¿Cómo están funcionando los bloqueadores de llamadas?
Son 11 prisiones las que tienen bloqueadores y de éstas tres tienen buena señal, al ciento por ciento. Ocho tienen problema, oscilan entre un 40, 50 y 70 de bloqueo de señal. Anteriormente estos centros tenían un 80 por ciento de bloqueo, pero el mismo hecho de que entramos a una denuncia ante el Ministerio Público -el 20 de noviembre del 2009-, estas señales, como ya no le han dado mantenimiento, han ido bajando. El proceso está en litigio.
¿Cuándo hicieron la ampliación de la denuncia?
El 31 de agosto (de 2010) hicimos la ampliación de la denuncia y hasta el día de hoy no nos han vuelto a citar.
¿Se ha acercado al MP para agilizar el proceso?
Por supuesto que sí, pero manifiestan que están en proceso de investigación. Yo respeto las decisiones de ellos; serán ellos quienes nos van a tener que citar. A mí lo que me interesa es que el proyecto funcione al ciento por ciento, de lo contrario yo no pago el 20 por ciento que queda todavía, que son Q4 millones.
¿Qué Fiscalía se encarga de este caso?
La Fiscalía 9 de Delitos Patrimoniales, bueno ahí se quedó, habrá que ver.
¿Cuándo fue la última vez que ustedes visitaron el MP para agilizar la denuncia?
Ese dato lo tiene el Departamento Jurídico. Si no estoy mal fue a inicios del mes de diciembre, si no estoy mal. En enero -11- tuvimos una reunión con la Cámara Penal y expuse el problema para que continuaran las investigaciones pertinentes y se tocó precisamente la necesidad para que se continuara el proceso. No es con la intención de que esto se vaya a tribunales, sino que cumpla la empresa o devuelva el dinero, pero de que hay responsabilidad, hay responsabilidad de parte de ellos. Y en su momento quienes contactaron inicialmente el proyecto que serían las autoridades del 2007, esa persona debió haber hecho un estudio de factibilidad que garantizara el funcionamiento del cien por ciento de los bloqueadores. Cuando yo vengo en 2008 sólo le doy continuidad al proyecto, de hecho se exigió que se hicieran unas reformas al contrato que no me parecían porque favorecía a la empresa.
La Hora buscó la reacción de la Agencia 9 de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, donde supuestamente todavía se encuentra la denuncia realizada por el SP, sin embargo, la auxiliar fiscal, -quien en ningún momento mostró intención de colaborar- indicó que no podía proporcionar información al respecto, y tampoco podía ofrecer el nombre del fiscal que lleva el caso, sin embargo, se sabe que la última persona que conoció la investigación fue Jorge Mario Contreras, Fiscal Distrital y miembro de la Fiscalía 9.