“El Organismo Judicial carece de recursos para los próximos meses, pero no podemos dejar de orientar lo que se tiene a las necesidades más importantesâ€, así se refirió el magistrado César Barrientos, por la compra de 30 vehículos blindados para jueces que hará la institución.
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La amenaza de los Zetas, en los últimos días, contra operadores de justicia obligó a acelerar los procesos de protección de jueces y fiscales.
Para ello, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Archila, anunció la compra de 30 vehículos blindados para la protección de jueces y magistrados, pese a que el Organismo carece de recursos suficientes.
César Barrientos, magistrado de la Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ), indicó que se está buscando por todos los medios potenciar lo que se tiene y en medio de esta crisis no se ha frenado en ningún momento los procesos de cambio, por lo que están redirigiendo los recursos que se tienen para llevarlos a las necesidades más importantes.
De acuerdo con Barrientos, la Cámara Penal desde siempre ha mantenido que es necesario que al presupuesto del OJ se le asigne una partida suficiente para permitir la seguridad de las instalaciones de los operadores de justicia que están en los tribunales, así como de los jueces y magistrados.
“No podemos de dejar de orientar lo que se tiene a las necesidades más importantes. Esperamos, confiamos y creemos en el pueblo de Guatemala, el Estado de Guatemala y el Poder Legislativo, que no dejarán que el sistema de justicia, que es vital, necesario, trascendente, importante para el funcionamiento ordenado de una sociedad, deje de funcionarâ€, refirió Barrientos.
El Presidente de la CSJ indicó que países amigos financiarán las adquisiciones y desembolsarán $1.8 millones para la compra de 30 vehículos blindados y $320 mil para implementar la segunda etapa de un plan de seguridad.
PLAN DE SEGURIDAD
César Barrientos indicó que el presidente de la CSJ y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, están elaborando un plan estratégico de cómo permitir una protección a jueces y magistrados y también a las instalaciones de seguridad y de justicia en el país.
La primera parte de ese plan y que está en marcha es la compra de los 30 vehículos blindados.
La segunda etapa del programa de seguridad consiste en la implementación de protocolos, reglamentos y normas, así como la adquisición de equipo y entrenamiento de personal. También se determinarán las atribuciones y los perfiles de los agentes que integren el cuerpo de seguridad de este organismo.