El ex senador Mario Uribe, primo del presidente colombiano ílvaro Uribe, cuya captura fue ordenada hoy por la Fiscalía General por presuntos vínculos con paramilitares de extrema derecha, pidió asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá, confirmó su abogado.
«En efecto, así es, esta mañana se inició el trámite», dijo escuetamente el abogado José de Carmen Ortega, en declaraciones a radios de Bogotá.
Ortega agregó que Uribe solicitó asilo en Costa Rica, «por la tradición que honra a este país de conceder asilos políticos y por precedentes recientes de colombianos que han visto protegidos sus derechos fundamentales y que luego han podido esclarecer cuestionamientos en Colombia».
El abogado además indicó que el ex senador se propone expedir en las próximas horas un comunicado explicando los motivos de su decisión.
Previamente la Fiscalía General de la Nación había ordenado la detención de Uribe, quien se desempeñó como presidente del Senado y era el jefe del movimiento político Colombia Democrática de la coalición oficialista.
Según el organismo judicial, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia halló méritos para dictar medida de aseguramiento (detención preventiva) contra Uribe, por presuntos nexos con jefes de grupos paramilitares e irregularidades por la compra de tierras a esas organizaciones.
Inicialmente, cuando se conoció la decisión de la Fiscalía, Uribe había manifestado a medios de prensa su disposición de entregarse al organismo judicial, y por ello su petición de asilo causó sorpresa.
Uribe había renunciado a su investidura en octubre pasado, cuando fue vinculado a la investigación que lleva la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y políticos por presuntos nexos con paramilitares.
Uno de los principales testigos contra el ex presidente del Congreso es Jairo Castillo (alias «Pitirri»), un ex paramilitar refugiado en Estados Unidos, quien asegura que Mario Uribe se reunió en varias ocasiones con jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que éstos le ayudaran a hacerse de tierras en el norte y noroeste del país.
Al proceso de la «parapolítica», como se le denomina en Colombia, han sido vinculados 62 políticos, de los cuales 31 congresistas o ex congresistas han sido encarcelados.
Entre los legisladores vinculados en forma preliminar a la investigación se encuentra la actual presidenta del Congreso, la oficialista Nancy Gutiérrez.