La tácita alianza entre el fujimorismo y el partido del presidente Alan Garcí­a corre el riesgo de resquebrajarse y afectar la gobernabilidad en Perú, tras denuncias de la hija del extraditado ex presidente Alberto Fujimori que acusó al gobierno de maltratarlo.

La congresista Keiko Fujimori acusó este lunes al gobierno de Garcí­a de someter a su padre a un «maltrato terrible». Detrás de ese proceder «está la mano del Poder Ejecutivo», aseguró.

«Por un lado el traslado (de Fujimori desde Chile) ha sido impecable, pero el maltrato es terrible. Es una hipocresí­a de parte del gobierno, no me cabe la menor duda de que en este maltrato está la mano del Poder Ejecutivo», declaró la legisladora.

Keiko Fujimori aseguró que esta situación «ha malogrado las relaciones cordiales» entre el fujimorismo y el gobierno, y advirtió que en las próximas horas los legisladores de la Alianza para el Futuro (fujimorista) van «a tomar medidas importantes».

Garcí­a respondió que él es el «presidente y no el carcelero de nadie» tras indicar que las condiciones de reclusión del ex mandatario son establecidas únicamente por los jueces y no por el Poder Ejecutivo.

Horas antes, el mandatario habí­a dicho que Fujimori será tratado con dignidad y respeto a los derechos humanos, «sin odios ni venganzas».

«No se trata de vejar, mancillar o insultar a nadie, ni de pisotear al enemigo caí­do, hay que tratar con respeto a todos los ciudadanos, de arriba y abajo», dijo.

«Pueden estar seguros que las leyes serán cumplidas y entre ellas el respeto a la dignidad de personas», agregó, dirigiéndose a familiares y partidarios de Alberto Fujimori.

La advertencia fujimorista tuvo el sabor a un chantaje para el secretario general del gobernante APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), Mauricio Mulder. «Que una bancada legislativa como la de Keiko pretenda convertir sus votos en canje para mejores condiciones carcelarias, es un grave error que los pondrí­a en el lado autoritario», dijo.

Desde que Garcí­a llegó al gobierno en julio de 2006, su partido estableció estrechas relaciones con la bancada fujimorista de 13 legisladores, que en la práctica funcionan como una alianza polí­tica.

Esta alianza le ha permitido a Garcí­a sumar votos vitales en el Congreso unicameral de 120 legisladores, donde su partido se tiene que contentar con ser la primera minorí­a, compuesta por 36 escaños.

Ello ha permitido que muchos de los proyectos apristas en el Parlamento se aprobaran sumando los votos de la bancada fujimorista, además de los de grupos independientes menores, lo que le facilitó a Garcí­a la gobernabilidad durante los 14 meses que van de gobierno.

La oposición ha denunciado reiteradamente el «pacto bajo la mesa» entre fujimoristas y oficialistas, citando como ejemplo que el primer vicepresidente de la República es el vicealmirante en retiro Luis Giampietri, militante de un partido muy próximo al fujimorismo.

El congresista Mulder, influyente figura del gobierno, llamó a los fujimoristas a que «prevalezca la madurez» y dijo que en la eventualidad de que adopten actitudes de confrontación «cometerí­an un grave error porque de ninguna manera obtendrán algún privilegio a través del chantaje polí­tico».

«Lo grave es que no se afectarí­a al oficialismo sino al sistema democrático», añadió.

El cambio en la postura de los fujimoristas podrí­a evidenciarse el miércoles, cuando se produzca la interpelación en el Congreso al ministro del Interior, Luis Alva, por denuncias de irregularidades en su sector.

La aprobación de una censura al ministro con los votos fujimoristas pondrí­a fin a la luna de miel con el oficialismo y abrirí­a una etapa de incertidumbre con riesgo para la gobernabilidad del paí­s.

En cambio, «si la alianza del gobierno con los fujimoristas persiste se convertirá en el obstáculo fundamental para lograr justicia en el caso del ex mandatario», estimó el analista independiente Nelson Manrique. «Por eso hay que estar vigilantes», dijo.