Siempre he sido del criterio que el Capítulo I, del Título IV, Ejercicio del Poder Público de la Constitución de la República obligatoriamente debiera ponerse de valla, al frente del despacho de cada uno de los funcionarios y empleados públicos desde el primer día en que asumen sus cargos, para que su gran visibilidad les impida olvidar sus deberes y obligaciones, como la responsabilidad en que incurren cuando transgreden la ley.

Digo esto, porque todos sabemos y los funcionarios y empleados públicos olvidan, que el poder público proviene del pueblo y que su ejercicio está sujeto a las limitaciones de la Constitución y la ley, como que ninguna persona, sector, fuerza armada o política pueden arrogarse su ejercicio.

A más de la anterior está establecido que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en la República; que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella; como que están al servicio del Estado y no de partido político alguno. De igual manera, a quien infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren, pudiéndosele deducir la responsabilidad civil hasta veinte años después y la responsabilidad criminal por el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena; como que ninguno de ellos está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Ahora, después de enterarnos del sinnúmero de anomalías descubiertas después del terremoto de San Marcos y de recordar lo anterior  ¿no cree usted estimado lector que sin  mayor dilación debiera procederse en contra de aquellos funcionarios responsables de haber hecho edificios públicos que a manera de polvorosa se derrumbaron con el terremoto que recientemente afectó San Marcos? ¿Y no habría que hacer lo mismo con todos los funcionarios y empleados públicos que por una y mil razones han venido utilizando los fondos públicos para sufragar obras que no pudieron pagar debido a que las hicieron violando las leyes presupuestarias, las de compras y contrataciones y por ello la población, como siempre, tenga que salir trasquilada al tener que pagarla (más de 3 mil millones de quetzales) con los recursos que con sus contribuciones aportan al Estado?

Claro, por sabido se calla que la chamarra que usan los políticos es bien grande, como que los compromisos adquiridos durante las campañas electorales se extienden hasta el infinito, siendo esa la causa del porqué se han venido ocultando los listados debidamente integrados con lujo de detalles. Por el amor de Dios, a todo esto hay que ponerle un ¡hasta aquí! No cedamos por nada ni ante nadie. Si el pueblo lo permite estaríamos  cometiendo una tremenda ingratitud a nuestros herederos.