Ecuador dio el primer paso concreto para evitar la explotación del 20% de sus reservas de crudo en un área protegida de la Amazonia, al constituir con la ONU un fondo que canalizará los 3.600 millones de dólares que espera recibir en compensación de la comunidad internacional.
El fideicomiso fue firmado este martes por el gobierno ecuatoriano y la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Grynspan, tres años después de que el presidente Rafael Correa planteara ante la ONU la iniciativa para no extraer 846 millones de barriles de petróleo.
A cambio, Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP con una producción de 472.000 barriles diarios, propone que la comunidad internacional contribuya con unos 3.600 millones de dólares, lo que equivale al 50% de lo que el país recibiría por vender el crudo.
«Estamos firmando el acta de nacimiento verdadero de la iniciativa Yasuní-ITT, es el primer hito, el primer gran paso», dijo la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, una de las suscriptoras del acuerdo.
La ministra destacó que su país ha hecho un «despliegue gigantesco» para demostrar a la comunidad internacional que «esta es una lógica que funciona» hacia la construcción de una «nueva ética planetaria».
«Tenemos países, filántropos, empresas privadas interesadas, pero nos faltaba un instrumento financiero que permitiera concretar ese deseo de aportar y ser copartícipes», agregó.
Espinosa recordó que el proyecto, que se estima evitará la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (responsable del calentamiento global), ha recibido el apoyo de países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia y Noruega.
«Quiero resaltar lo innovador, audaz y vanguardista que es este aporte de Ecuador para la humanidad, de señalar un camino distinto para que el mundo pueda desarrollarse, mejorar el bienestar de sus ciudadanos, pero también ser consciente del cambio climático», indicó a su vez Grynspan.
Espinosa anunció una gira en septiembre para retomar los contactos con las naciones europeas, y otra en octubre por países árabes para promover el plan, en el que también ha mostrado interés Estados Unidos.
El fideicomiso, que será administrado por el PNUD, prevé que los aportantes recibirán certificados de garantía de que el petróleo no será extraído, según «el monto de emisiones no generadas». Para ello se tomará como base el mercado europeo de carbono, explicó la ministra.
«En caso de que no se llegue a la meta, los recursos serán restituidos en su totalidad sin intereses», agregó la funcionaria, señalando que el fondo se ha propuesto recaudar un mínimo de 100 millones de dólares en los próximos 18 meses para poder «funcionar operativamente».
Las contribuciones serán invertidas en energías renovables, la consolidación de áreas protegidas, reforestación, inversión social, eficiencia energética y ciencia y tecnología.
«Esta es una propuesta política y revolucionaria, porque además de conservar la biodiversidad y contribuir a la solución del cambio climático, aspira a combatir la pobreza y la desigualdad del país», resaltó el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.
El representante del PNUD, Bisrat Aklilo, señaló en tanto que países como Guatemala, Vietnam y Nigeria «están pidiendo información para implementar algo similar».
El parque Yasuní, ubicado en la cuenca del alto Napo, tiene 982.000 hectáreas y alberga a los Tagaeri y Taromenane, los dos últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Ecuador.
La reserva es considerada uno de los lugares de mayor biodiversidad en la Tierra. Fue creada en 1979 y declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1989.