Durante dos días la AGIP –Asociación Guatemalteca de Investigadores de Presupuesto– convocó a directores generales, entes financieros y funcionarios públicos guatemaltecos para conocer la problemática, los criterios, su aplicación y las propuestas para alcanzar desde eficiencia, hasta transparencia en los distintos modelos que el Estado tiene para comprar sus insumos, bienes y contratar sus servicios.
Se resalta la importancia de discutir estos temas, a raíz historiales suficientes que ha tenido el país en cuanto a la adquisición de bienes o servicios, originado por fondos públicos, ya sea de origen tributario, por haber contraído deuda o bien donaciones. Los cuestionamientos han sido amplios, y recientemente una bancada legislativa alcanzó a la destitución de un funcionario de confianza del Organismo Ejecutivo, precisamente porque se realizaron compras no acordes a su gestión, y cuestionables desde la óptica de la calidad del gasto público.
Las instituciones públicas, desde los Organismos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pasando por las trescientas treinta y cuatro municipalidades, y las múltiples entidades descentralizadas requieren para su funcionamiento, la adquisición de bienes e insumos recurrentes, así como la compra de bienes de inversión como vehículos, mobiliario y otros enseres que, de no hacerlo, los servicios que prestan a la ciudadanía, ya sea de forma directa o indirecta, no contaría con la calidad y eficiencia que se requieren (aunque bien se sabe que la administración pública no precisamente se caracteriza por estos dos rubros). Y a estos procesos, se considera indispensable alcanzar la tan deseada transparencia, empezando por contar con un perfil de honestidad de los servidores públicos, hasta los propios procedimientos libres de discrecionalidad.
El Encuentro alcanzó desde exposiciones internacionales de Colombia y Paraguay, que permitió conocer experiencias novedosas en procesos de compra gubernamental, hasta diversidad de disertaciones que incluyeron funcionarios, consultores independientes, legisladores y exservidores públicos, todos con un buen nivel de experiencia y conocimiento en cuanto a las compras gubernamentales. Inclusive se contó con la participación de la Dirección Normativa de Adquisiciones, ente rector de las compras gubernamentales, aunque solo sea en teoría. Al finalizar, el Encuentro logró determinar una serie de conclusiones y recomendaciones, todas técnicamente sustentadas, y aunque los criterios variaron y no siempre fueron contestes, la meritoria actividad del debate, se considera muy valiosa entre pares administrativos y financieros.
Felicitaciones a la AGIP, y la recomendación logística final es que desde las presentaciones hasta las conclusiones puedan ser recogidas en una metodología efectiva y sencilla, además de ser puestas a disposición del público y de las máximas autoridades del Estado, que buena falta les haría conocerlas.