El opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó de un exgobernador del estado mexicano norteño de Tamaulipas y miembro de ese grupo político, que según fiscales estadounidenses habría recibido millones de dólares en sobornos de carteles del narcotráfico y lo invirtió en propiedades en Texas.
El coordinador de la campaña presidencial del Partido, Luis Videgaray, dijo hoy a MVS Radio que es «condenable» que un político incurra en actos criminales como el que se le acusa al ex gobernador Tomás Yarrington y lo llamó a que comparezca ante las autoridades.
«Como priistas hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo», señaló el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI y quien aparece en las encuestas como favorito para alzarse con el triunfo en los comicios del 1 de julio.
Yarrington, gobernador por el PRI de Tamaulipas entre 1999 y 2004, ya había señalado de haber recibido dinero de los carteles de las drogas del Golfo y Los Zetas por cuatro testigos de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
El martes, fiscales estadounidenses solicitaron la confiscación de propiedades de Yarrington en Estados Unidos.
Aunque no se había presentado ningún cargo penal en su contra, en la solicitud de confiscación presentada ante el fuero civil se señala que Yarrington recibió «millones de dólares en pagos» de los cárteles de la droga «y de varios esquemas de extorsión o soborno».
Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del narcotráfico que en todo el país ha dejado más de 47.500 asesinados, sólo entre diciembre del 2006 y septiembre del 2012.
El estado, fronterizo con Texas, es la cuna del cartel del Golfo, que hasta 2010 mantuvo una alianza con Los Zetas, un grupo que fue su brazo armado y se formó a finales de la década de 1990 por desertores de un cuerpo de élite del ejército mexicano.
Ahora, Los Zetas es considerado por las autoridades como un cartel por sí mismo y mantiene una cruenta batalla con su ahora rival del Golfo, pero también con el cartel de Sinaloa, considerado uno de los más poderosos grupos del narcotráfico del mundo.
Los documentos de los fiscales presentados en Texas señalan que Yarrington uso testaferros y negocios para «convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero».
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18,6 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del Cártel del Golfo.
También en MVS Radio, una estación radial que los miércoles organiza una mesa de debate entre los coordinadores de los tres principales candidatos a la presidencia, el responsable de la campaña del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) consideró que el caso de Yarrington refleja la corrupción que existe al interior de gobiernos del PRI, un partido que mantuvo la presidencia del país de 1929 al 2000.
«Tiene que ver con… la corrupción de gobiernos del PRI que deciden pactar con los criminales, recibir y enriquecerse a partir de los criminales», dijo Roberto Gil, coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, la candidata presidencial del PAN.
Decomiso de propiedades
El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.
No se ha incoado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador del estado nororiental mexicano entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público, recibió «millones de dólares en pagos» de los cárteles de la droga «y de varios esquemas de extorsión o soborno».
En ese entonces, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para «convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero», según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18,6 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos que fueron divulgados anoche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del Cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450.000 dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante «fondos ilícitos».
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
La acusación contra Cano Martínez en Brownsville, por cargos de lavado de dinero, se basa en que tanto él como «uno o más socios de la confabulación no acusados formalmente» utilizaron un préstamo bancario de 6,7 millones de dólares para comprar una propiedad de 18,6 hectáreas en el condado de Bexar, del que San Antonio forma parte.
Cano era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde 1993.
Uno de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009, para una sección de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto industrial de Altamira. Un auditor federal lo obligó a regresar 2 millones de pesos por tramos de ese proyecto que fueron pagadas pero que quedaron sin pavimentar.
Cano está prófugo y no tiene abogados que lo representen en el caso.