El transporte inmediato es el ferrocarril de la lí­nea Mayab. Miles de personas intentan subirse diariamente al interior de los vagones cuando se encuentran vací­os, en escaleras a sus lados o en la parte superior de ellos. El primer objetivo es llegar a Tabasco y, en especial, a Chiapas. Son estados fronterizos. Guatemaltecos y guatemaltecas deben viajar aproximadamente cuatro mil kilómetros para llegar al muro fronterizo que separa a México de Estados Unidos. La primera etapa incluye el rí­o Suchiate (frontera entre Guatemala y México) el cual atraviesan sin problemas pues la Policí­a Nacional Civil de Guatemala descuida la vigilancia para intervenir en ese lugar contra el narcotráfico, tampoco detienen el contrabando de mercancí­as (millones de quetzales), y menos para capturar a quienes se dedican al tráfico o trata de personas.

Subirse al tren puede llevar horas o dí­as pues no existe un horario fijo. Es cuestión de tener paciencia. Un pequeño maletí­n o la consabida bolsa de plástico es el único equipaje de los migrantes. Al final, la hilera de vagones con personas indocumentadas sale de Chiapas desde Ciudad Hidalgo y su primer destino es la antigua estación de La Bombilla, en Tapachula. En este lugar, así­ como en Arriaga o cualquier otro municipio, hombres, mujeres y menores de edad tratarán de subirse al tren. No falta quienes prefieran hacerlo cerca de Tenosique (Tabasco) o alcanzar el tren en Veracruz.

Existe una inicial preocupación de quienes son miembros de los diferentes grupos Beta, vinculados a organizaciones protectoras de migrantes o religiosas. Se les indica a los migrantes a no subirse al tren cuando esté en marcha y, si lo hacen, deben amarrarse. Pocos hacen caso y las implicaciones de este error es caerse del vagón (las ruedas ejercen efecto de succión), y se puede perder cualquier miembro de su cuerpo o la vida.

Arriba del tren se viajan unos kilómetros. En territorio mexicano, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) o la Policí­a Federal Preventiva (PFP), quienes oficialmente se encuentran autorizadas para ejercer acciones de registro a los migrantes, pueden detener el ferrocarril mediante operativos. Ningún migrante posee documentos. Todos salen corriendo. A esconderse en el monte, jungla o cualquier lugar. Muchos son capturados (asegurados). Asimismo, realizan actividades contra migrantes una diversidad de instituciones (no permitidas por las leyes) realizando operativos. A lo largo de la lí­nea ferroviaria, esta realidad estará presente.

Los integrantes de esas entidades «de seguridad» lo saben: hombres y mujeres indocumentados en México viajando a Estados Unidos llevan dinero. No importa si es poco. Se trata de esquilmarlos. Algunos portan credenciales de agentes. Su propósito es lucrar con la necesidad de quienes se proponen lograr mejores medios económicos en Estados Unidos. Para lograrlo -según denuncias de diferentes medios de comunicación mexicanos- se les captura y golpea. La amenaza es parte de la acción. El secuestro encubierto como parte de los operativos, es el mejor método para chantajear. Nadie en México ha sido autorizado para ejercer acciones agresivas contra emigrantes en tránsito a Estados Unidos. Las leyes no lo autorizan. La violencia verbal, fí­sica, psicológica o de otro tipo, está prohibida en territorio mexicano. Cualquier agresión debe ser denunciada.

Ciudadanos y ciudadanas de Guatemala trasladándose a Estados Unidos utilizando territorio mexicano sin la respectiva documentación migratoria, enfrentan la problemática anteriormente señalada. Es un peligro latente. Sus implicaciones incluyen detenciones arbitrarias y vejación que afectan la Declaración Universal de Derechos Humanos. Superar esta situación es un hecho asumido por las autoridades mexicanas, pero su solución no es inmediata. La acción coercitiva de quienes asumen la delincuencia ejerciendo actividades que afectan la dignidad de los seres humanos, no se detendrá en el corto plazo y tiende a profundizarse pues la emigración aumenta su volumen.

Las autoridades mexicanas deben precisar -según sus leyes y convenios internacionales- quiénes son los responsables de impulsar acciones violentas contra los migrantes y proceder para controlar a quienes actúan violando sus propias leyes y contra aquellos prepotentes emisarios de municipios que ven en los emigrantes una fuente ilegal de ingresos.