El Estado tiene que realizar acciones preventivas para evitar la acción criminal de los delincuentes y esa responsabilidad recae fundamentalmente en la Policía Nacional Civil que está llamada a patrullar y vigilar para controlar a los maleantes y proteger a los ciudadanos honrados. Pero de poco sirve la labor preventiva si cuando ocurre un hecho criminal el Estado no tiene la capacidad para castigar a los delincuentes, porque eso es lo que realmente estimula y alienta la violencia que hoy sufrimos.
Reconociendo que en el último año se contuvo el aumento alarmante de la ola de homicidios y asesinatos, tenemos que decir que aún no se observa de parte de las autoridades un plan integral que tienda a enfrentar con eficacia a los grupos de delincuentes que operan con tanta impunidad. Hablamos no sólo de los asaltantes que no vacilan en disparar contra sus víctimas porque se resisten a entregar un celular, sino de grupos que muestran su enorme sangre fría para matar a personas inocentes sin el menor remordimiento. Pandilleros, narcotraficantes y miembros de otras expresiones del crimen organizado que se benefician no sólo de las debilidades del sistema, sino que hasta del control que algunos de ellos pueden ejercer mediante la cooptación de instituciones en el país.
Los ciudadanos guatemaltecos tenemos que entender que mientras no rompamos el círculo vicioso de la impunidad, viviremos con el riesgo de sufrir los embates de la violencia porque es la ausencia de un adecuado proceso para castigar a los criminales el mayor incentivo para que éstos se sientan a sus anchas y cometan hasta los más atroces crímenes, como ocurrió esta semana con el ataque al bus de rutas cortas.
Por ello en La Hora hemos venido insistiendo en la necesidad de que el pueblo haga suya la lucha contra la impunidad, repudiando el comportamiento indecente de aquellos operadores de justicia que están al servicio de las expresiones del crimen organizado. Es inaudita la forma en que con la mayor desfachatez se insulta a la opinión pública dejando en libertad, sea por libertad simple o mediante medidas sustitutivas, a delincuentes de todo tipo que se burlan de la justicia gracias a la complicidad de quienes tienen el sagrado deber de aplicar la ley.
Sostenemos que la lucha contra la impunidad tiene que abrazarse como una auténtica cruzada si queremos sobrevivir. Y es que la certeza del castigo es lo único que puede influir para que los maleantes contengan su sed de sangre y por ello no podemos dar ni un paso atrás en el esfuerzo por fortalecer al Estado en su capacidad de administrar justicia y castigar a todos los delincuentes.