El Congreso de la República conforma hoy la comisión pesquisidora que dará trámite al antejuicio interpuesto en contra de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por nueve delitos posiblemente cometidos durante el proceso electoral.

En ese marco, los miembros del llamado Frente Nacional de la Dignidad Guatemalteca (FNDG), prevén anomalí­as dentro del actual proceso.

Hiram Sosa, abogado del FNDG, informó que el plazo de 60 dí­as, que dispusieron los diputados para entregar el informe circunstanciado sobre la resolución contra los magistrados del TSE, está fijado para las Cortes de Apelaciones.

«En el caso del antejuicio la ley tiene una laguna porque no fija un plazo establecido», refirió el jurista.

¿Diputados son juristas?

El segundo «vací­o legal», que podrí­a existir en el proceso, se refiere a que los diputados que emitan el dictamen no sean expertos en derecho y no se conforme un «tribunal de derecho», por lo que no está definido si dicho fallo es susceptible a apelación ante la CC.

¿Parlamentarios reelectos?

Debido a que los diputados electos dentro de la comisión pesquisidora, pudieron no ser reelectos en las elecciones pasadas (como el caso de Haroldo Quej), el plazo de 60 dí­as que se fijaron para emitir una resolución no será suficiente para que conozcan el caso y fallen, debido a que el 14 de enero dejan de ser diputados. Sosa se preguntó ¿Qué pasará entonces con el procedimiento?, y si ¿El Congreso deberá realizar otro sorteo?

¿Y si no hay consenso?

Si no existiera consenso, ni a favor ni en contra, del retiro de la inmunidad contra los magistrados denunciados, la ley de antejuicios indica que el expediente es archivado.

Lo anterior podrí­a ser otro vací­o legal en el proceso, indicó el abogado Hiram Sosa, y agregó que «desde el punto de vista técnico jurí­dico, un expediente no se puede quedar guardado sin una resolución de fondo».