Los programas sociales y el listado geográfico de obras podrí­an causar conflicto en la transición y representar una verdadera “prueba de fuego” debido a las reiteradas denuncias sobre corrupción y uso clientelar. Ocultación de documentos, malos manejos y falta de información podrí­an provocar denuncias durante el primer año de gestión de Otto Pérez Molina.

Nineth Montenegro, diputada que ha fiscalizado los programas sociales desde sus inicios dice que este beneficio se le ha dado a 958 mil familias pero la percepción sobre estos es que existe clientelismo y corrupción.

Bajo una orden de la Corte de Constitucionalidad  la información de los beneficiarios se convirtió en pública, por lo que la parlamentaria supone que no habrá dificultad. Lo contrario sucederá, señala, respecto a la duplicidad de beneficiarios y la cantidad de personas que realmente necesitaban la ayuda.

Por su parte, Renzo Rosal, analista polí­tico, considera que lo primero que debe hacer el Gobierno entrante es aclarar el estado real de los programas sociales, “más allá de las cifras se debe establecer cuantos son los beneficiarios reales, aclarar cuantos empleados hay laborando para estos programas, de cuanto es el salario que devengan, qué actividad realizan”, entre otras cosas.

LISTADO GEOGRíFICO
Sobre el Listado Geográfico de Obras, dice Montenegro, “les va a ir costando encontrar con quienes los Consejos Departamentales de Desarrollo han establecido contratos, en qué fase va la obra, ese va a ser un proceso más difí­cil”, asegura.

“Allí­ es donde se van a encontrar anomalí­as y se deben presentar las denuncias, por lo menos para que estas empresas paguen o vuelvan a hacer las obras, pero con calidad.  Hemos consultado a la Contralorí­a, pero no hay respuestas”, reitera.

Por estas obras, Montenegro calcula un monto anual de Q4 millardos, lo que significa que en cuatro años del presente gobierno el dinero que se ha utilizado es de Q12 millardos

Manfredo Marroquí­n, director de Acción Ciudadana, también prevé problemas, “esta es la caja grande de que se sirven los diputados para agenciarse de fondos y financiar su cuota particular y su campaña polí­tica”, asegura, por lo que el próximo gobierno, “si de verdad está comprometido” deberá procurar un cambio en el sistema actual.

Esto, explica, se lograrí­a respetando la planificación de las instancias encargadas y que el Congreso solamente apruebe o desapruebe el listado, pero no pueda participar en su elaboración.

El compromiso del nuevo gobierno también se reflejará, según el consultado, en que los diputados del Partido Patriota ya no participen en esta situación.