El acuerdo que buscan el presidente Evo Morales y los prefectos opositores en Bolivia para desactivar una fuerte crisis política muestra señales de avance, pero la clave para llegar a una solución pasa por una difícil negociación para restituir a las regiones recursos que el gobierno insiste en recortarles.
El mandatario socialista dio mayores signos para resolver la confrontación, que mantiene en vilo al país, al suspender ayer la campaña en favor de la nueva Carta Magna de corte indígena, resistida en cuatro regiones rebeldes, y que fue pedida como una señal de buena fe para afinar un acuerdo final.
La nueva Constitución, que además tiene rasgos estatistas, es resistida por las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que argumentan que será inaplicable, por haberse aprobado en la Asamblea Constituyente sin debate ni consenso y ni siquiera en la sede original donde fue convocada.
Las cuatro regiones rebeldes impulsan la aprobación en referendos populares de estatutos para conformar gobiernos regionales autónomos, lo que es incompatible en principio con la Constitución que defiende el oficialismo.
Para encontrar una salida a estas diferencias, oficialistas y opositores decidieron conformar una comisión integrada por abogados constitucionalistas para intentar compatibilizar ambos textos, la misma que comenzará a deliberar desde el lunes en busca de un acuerdo final.
«Apostamos a juntar ambos documentos que pueden ser compatibles. Hay que reconocer que puede haber contradicciones pero juntos podemos apostar por la unidad del país», aseveró optimista el presidente Morales en un discurso pronunciado hoy en la central Cochabamba.
No obstante, el camino hacia un pacto final puede sembrarse de piedras por el tema del recorte a las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para pagar una renta de vejez, aprobado en noviembre por el Ejecutivo, y que es señalado por los prefectos opositores como vital para zanjar la crisis política.
Para saldar este tema se conformó otra comisión que entregará mañana una nueva oferta de financiación que debería incluir la postura de los prefectos de la oposición de pagar el bono con otros recursos y sin afectar a sus ingresos regionales del IDH.
«Si nos quitan los recursos, ¿para qué vamos a seguir hablando de autonomías?», señaló al diario El Deber el director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz (este), Carlos Dabdoud, resumiendo el sentimiento de las otras regiones rebeldes que, según dijo, condicionan la asistencia a las comisiones del diálogo a la respuesta del Ejecutivo sobre este estos ingresos.
En esa misma dirección se pronunció el asesor de la Prefectura de la gasífera Tarija, Mauricio Lea Plaza, quien dijo que «el tema del pacto social es de mediano plazo. Necesitamos resolver primero el tema del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y trabajar (luego) en un acuerdo mayor».
El ministro de Hacienda, Luis Arce, puso sin embargo en duda que se pueda pagar la renta a los ancianos «sin tocar los recursos del IDH».
«Vamos a hacer el esfuerzo para evaluar fuentes alternativas de financiamiento», puntualizó cauteloso el funcionario.
El pago de la Renta Dignidad a personas mayores de 60 años necesita un fondo de 200 millones de dólares por año y beneficiará a 676 mil personas, según datos oficiales.
Las regiones sufrirán un recorte del 30% de sus ingresos por el IDH para pagar este bono, según lo aprobado por el gobierno.