Independientemente de los gobiernos que se han sucedido desde la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, durante la gestión del presidente Juan José Arévalo, y de las personas que han estado al frente de esa institución, desde antes de ejercer el periodismo me ha merecido especial respeto y simpatía porque, en medio de sus debilidades y fortalezas, vela por la salud de los trabajadores afiliados, y su historia registra que en sus salas hospitalarias han sido atendidos insignes compatriotas que no amasaron fortunas sino que sus esfuerzos y talentos los pusieron al servicio de la ciencia, la creación musical y literaria y otras bellas artes, y algunos de ellos allí trascendieron al más allá.
Escribo ese breve preámbulo al texto que podría calificarse de políticamente incorrecto porque al margen de consideraciones sectarias y de otra naturaleza, considero que la presente administración que preside Juan de Dios Rodríguez, cuya toma de posesión no fue la más venturosa, está procurando rectificar el camino del IGSS, después del desteñido y tergiversado desempeño de las anteriores autoridades que cargaron indiferentes con graves señalamientos de corrupción y negligencia.
Pero los actuales funcionarios del IGSS se enfrentan cuesta arriba en sus ambiciosos proyectos, especialmente la construcción de unidades hospitalarias en la capital y el interior del país, atendiendo las informaciones referentes a que este año el Instituto operará con Q2,817 millones menos de lo que había presupuestado, a causa de que, como se sabe, el Congreso no aprobó el Presupuesto General del Estado, lo que afectará los programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes; de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, y el destinado a proteger a las trabajadoras domésticas.
Le comenté a mi amigo Adolfo Obdulio Cancinos Mazariegos que sus lejanas esperanzas de ser cubierto por el programa de IVS se desvanecerían –así como podría ocurrirle a cientos de guatemaltecos más que están en espera de convertirse en pensionados–, pese a que la mayor parte de su vida laboral transcurrió de carpintero en la Dirección General de Obras Públicas, pero no puede comprobar su condición de ex trabajador de Guatel, por carecer de documentación fidedigna, y con muchas estrecheces encara los últimos años de su vida.
Ante esa generalizada amargura, el presidente del IGSS y el subgerente financiero, José Donis, salieron al paso, afirmando que se harán los esfuerzos necesarios para que afiliados, beneficiarios y trabajadores que están en espera de que se resuelvan sus casos, no salgan perjudicados severamente, sobre todo –agrego yo– si las autoridades del IGSS demuestran firmeza para que el Estado y las empresas privadas cancelan las deudas contraídas con la institución.
El Estado no le ha cancelado al IGSS más de Q24 mil millones y el sector privado adeuda Q700 millones, incluyendo el monto impagado por municipalidades; pero eso sí; sus funcionarios ý dirigentes sindicales exigen al seguro social la debida cobertura a los ex trabajadores de esos entes, sin reclamarles a sus antiguos patronos su falta de responsabilidad, como el caso del Ministro de Trabajo, que para ganar notoriedad política, porque aspira a ser candidato vicepresidencial del Partido Patriota, socavaría la frágil autonomía del IGSS con una propuesta que en otras circunstancias sería digna de apoyo al perseguir la afiliación de todos los trabajadores independientes y de pequeños y medianos empresarios; pero en las precarias condiciones financieras prevalecientes es desvergonzada demagogia electorera.
(El pensionado Romualdo Tishudo le comenta a un jubilado: –Si hay un más allá, deben haber menos acá).