Ha sido presentado ya al Congreso de la República, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación para el año 2013. Llaman la atención primeramente las normas presupuestarias que se aseguran y se reaseguran la honra de la deuda pública interna a sus principales acreedores: los bancos del sistema.
En efecto, están presentes como normas presupuestarias, buena parte de los postulados que se encuentran contenidos en las reformas que se han enviado, por parte del Ejecutivo al Congreso, y que pretenden introducirse en la actual Ley Orgánica del Presupuesto.
Más adelante las analizaremos, tan sólo valgan los anteriores comentarios para mencionar que, a pesar de la “Actualización Tributaria”, que consistió fundamentalmente en una reforma al Impuesto Sobre la Renta, el tema del endeudamiento público sigue siendo una de las principales opciones que sostienen el Presupuesto de la Nación.
Y tan importante resulta ser la deuda pública que el próximo año pagaremos, en concepto de amortización e intereses, una cantidad bastante similar a lo que entrará en concepto de desembolsos, internos y externos, siendo ello una cifra de alrededor de diez millones de quetzales.
En relación con la distribución del gasto, vale decir que el gran ganador es el Ministerio de la Defensa, al que se le asigna más de una quinta parte adicional al presupuesto del que gozó en 2012. Así también, las secretarías de la Presidencia constituyen el gran triunfador del dinamismo presupuestario, muy seguramente porque por ahí están los fondos asignados a entes como Fonapaz, que son una especie de “mil usos” de los recursos del Estado.
Como ente esperanzador del desarrollo social surge el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene asignada una cifra cercana a los Q1,200 millones, la cual es un tanto similar a lo que el Ministerio de Finanzas Públicas debe pagarle a los señorones del Banco de Guatemala, en concepto de pérdidas operacionales de tal institución, que sigue siendo un ente que pierde abundantes cantidades de dinero y que automáticamente traslada sus pérdidas a los contribuyentes.
Otro barril sin fondo resultan ser las clases pasivas del Estado, y es que ahora su presupuesto es abismal: los trabajadores aportan un poco más de Q mil millones de su bolsa; sin embargo, los contribuyentes debemos aportar más de Q3 mil millones para su sostenimiento. Resulta ser este un fondo totalmente quebrado, y en torno al cual no se oye desde hace mucho tiempo una propuesta sensata y realista.
Los aportes constitucionales e institucionales organizados en el rubro de “Asignaciones del Estado a cargo del Tesoro”, son también otros grandes ganadores pues allí están legalizados más de Q21 mil millones.
En este costal de recursos, hay de las más variopintas instituciones: municipalidades, consejos departamentales de desarrollo, fondos sociales, organizaciones no gubernamentales, la universidad estatal por supuesto, las más altas magistraturas, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Organismo Judicial.
Llaman la atención diversos proyectos financiados con préstamos externos que llevan un notable atraso. Nos referimos al Programa de Desarrollo “Desde lo Local” y el proyecto del BID “Mi Escuela Progresa”, que hasta por su nombre nos recuerda al sandrismo uneísta, pero que por la letargia del Estado sigue siendo un “programa de arrastre”, herencia del gobierno anterior. Continuaremos.