Además del hermetismo mostrado por las autoridades en su fase de elaboración, el Presupuesto de la Nación 2013 se caracteriza por su sorpresiva y pronta aprobación en el Congreso de la República. Es necesario mencionar que éste se incrementó aproximadamente siete millardos, los cuales deberán ser financiados con deuda pública.

Cuando se analizan los pocos detalles que han salido a la luz, se visualiza que existirá un aumento considerable de la inversión en obras de infraestructura  –por algunos llamado obra gris–. Es innegable que el aumento del monto en este sentido es necesario, puesto que deja mucho que desear la actual red vial guatemalteca, por sus precarias condiciones, a pesar de los esfuerzos realizados en el presente año y por el constante deterioro durante la época lluviosa.

La infraestructura no es determinante en la inversión, pero es base fundamental para propiciarla.  Por ello es que debe velarse por la calidad del gasto en este rubro, para que las obras ejecutadas tengan vida útil en el largo plazo.

El Gobierno muestra una actitud optimista para financiar el Presupuesto, pues su esperanza está centrada en el aumento de la recaudación de impuestos, derivado de la aprobación del nuevo paquete fiscal a inicios de este año. Esto significa que gran parte del financiamiento tendrá su origen en la clase media del país, cuyos miembros disminuirán su capacidad de consumo para el próximo año.

Preocupa percibir que las prioridades no son la inversión en capital humano, puesto que han pasado diez años desde el último censo poblacional realizado en Guatemala y su progreso se sigue postergando. Hace varias semanas se anunció que no se otorgaría el presupuesto al Instituto Nacional de Estadística para realizar el censo, lo cual asegura que, por lo menos, habrá un período de doce años entre ellos cuando los especialistas sugieren que se realice cada diez años. El censo no constituye la totalidad de la inversión en capital humano, pero es el inicio para la obtención de datos puntuales acerca de la situación poblacional y para la toma de acciones pertinentes.

De no poseer un mapeo real de los puntos críticos del país, es casi imposible enfocar de manera adecuada las políticas de Gobierno. Este es el caso de Guatemala, dado que en la actualidad solo se trabaja con estimaciones y se proyectan datos de acuerdo con censos o datos anteriores.

Pienso que las esperanzas no deben descansar en el crecimiento económico y las metas de recaudación tributaria, porque, al  no cumplirse estas proyecciones, el país podría experimentar un nivel de endeudamiento poco deseable. Lo anterior es probable que se cumpla de acuerdo con la turbulencia económica que se vive en el mundo actual, complementado con la incertidumbre que generan las próximas elecciones en Estados Unidos, y que podrían determinar un cambio radical en la política migratoria de dicho país, con impacto en el flujo de remesas hacia nuestro país. Por otra parte, debe existir equilibrio entre el gasto social e inversión de infraestructura productiva, ya que estos se complementan para el desarrollo de un país. Ahora es cuando debe tomar relevancia la promesa de velar por la transparencia en el gasto, porque solo de esta manera se logrará  calidad en la inversión. También es indispensable la correcta asignación de contratos a empresas que presenten precios bajos y mayores estándares de calidad en las obras. Y en contra parte, la focalización del gasto en programas sociales debería reestructurarse con el propósito de elevar el nivel de vida de la población más necesitada, siempre que éste sirva de punto de partida para que los individuos beneficiados consigan una productividad sostenida en el largo plazo, que eleve significativa y racionalmente su capacidad de consumo.