Mucha tinta se ha escrito acerca del endeudamiento interno y externo que tiene el Estado guatemalteco y que, año con año se incrementa. Se habla de recortar el gasto, diminuyendo el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El nudo grueso del endeudamiento se encuentra en la baja carga tributaria nacional, una de las más raquíticas de la región. La única vía posible para salir del charco es la siempre postergada reforma fiscal, objetada de oficio por los que tienen más ingresos y debieran pagar más impuestos. El gasto social del Estado debe aumentarse en la medida de las necesidades de la sociedad, a través de mayor recaudación.
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El modelo de acumulación capitalista, con todo y sus recurrentes crisis y reacomodos, ha generado más pobreza y desigualdad que nunca. Las metas del milenio de Naciones Unidas que buscaban reducir los niveles de pobreza y hambre en el mundo para 2015 están, año con año, más lejos de alcanzarse. El modelo de desarrollo mundial está haciendo colapsar al mismo sistema planetario; el cambio climático es prueba irrefutable de ello. ¿Es posible transitar a otros estadios de organización social mundial menos destructivos y mantener la reproducción de la especie? ¿Qué caminos podemos recorrer para evitar mayor daño al ambiente y la naturaleza? ¿Es posible acabar con la explotación del hombre por el hombre y garantizar vida digna para toda la humanidad?
Recuperar el humanismo y la ética de la solidaridad es necesario. Pensar en colectivo y rechazar las doctrinas individualistas que nos aíslan y separan entre hermanos y hermanas. Reducir drásticamente el consumismo energético de los países del norte y las grandes ciudades. Construir nuevos pactos sociales y políticos que viabilicen oportunidades reales para que los pueblos sean artífices de lo que llaman en Sudamérica «el buen vivir». Todas estas son acciones tan urgentes como que de ellas depende la vida de nuestros hijos e hijas.
En Guatemala, un primer pacto político que debemos lograr es consensuar una reforma fiscal progresiva y garantizar que los recursos tributarios se dirijan a políticas contundentes de transformación, como la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Hay consenso entre académicos, empresarios y expertos en que, en un país como Guatemala, promover el desarrollo rural es garantizar un camino seguro para el desarrollo nacional.
Frente a la discusión que sucedió en los últimos días de noviembre dentro del Congreso de la República sobre el presupuesto 2011 del Estado, el conjunto de organizaciones campesinas y de pequeños productores agrícolas del país unieron su voz para pedir que el presupuesto para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se incrementara, por lo menos, a mil 600 millones de quetzales para la implementación de la Política de Desarrollo Rural. Los diputados del Congreso, en una resolución deplorable, incluso redujeron la propuesta que el ejecutivo había hecho. El presupuesto aprobado quedó en poco más de 600 millones de quetzales. Con esto se evidencia la falta de interés de los partidos políticos por apoyar a la producción agrícola de la que dependen más de la mitad de la población del país.
Cerca de un millón de productores de granos básicos en el país, miles de pequeñas y pequeños caficultores, decenas de miles de trabajadoras en cultivos para la exportación, los productores de tilapia, mojarras o camarón en ríos y mares, los poseedores de pequeñas parcelas con bosque, las productoras de hortalizas en el altiplano, los parcelarios de la costa sur y El Petén, y todas sus familias han sido defraudadas por el Congreso y sus diputados. La posibilidad de un nuevo pacto social en beneficio de las mayorías se ha echado por el retrete.