La revuelta en la cárcel «de máxima seguridad» Fraijanes II, del pasado 23 de abril, habría de suscitarse tarde o temprano. Los privados de libertad intentaron provocar un motín horas antes del suceso y ya existían fallas en la infraestructura carcelaria que facilitarían las condiciones para el suceso.
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Como si se tratase de un hecho planificado, los pandilleros intentaron amotinarse en varias oportunidades, días antes de la revuelta, pero los guardias de seguridad y las autoridades consiguieron controlar los ánimos, aseguraron a La Hora fuentes extraoficiales, quienes pidieron no ser citadas por motivos de seguridad.
Las consecuencias no fueron serias -por lo que no trascendieron a los medios de comunicación-, aunque la infraestructura de los sectores amarillo y fucsia de la prisión ya había sufrido daños considerables que debían ser reparados cuanto antes.
El 23 de abril, pasado el mediodía, se conoció sobre la revuelta. Sin embargo, las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) no daban crédito a lo que en el momento era, supuestamente, un rumor, pero que posteriormente se confirmó.
Pasadas las horas, trascendió que 43 pandilleros de la Mara 18, que se encontraban recluidos en el sector amarillo, habrían tomado como rehén a un guardia penitenciario a quien amenazaban con matar si las autoridades no cumplían con sus exigencias. Los pandilleros pedían su traslado al Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18.
Posteriormente, se informó de otro hecho similar, solo que este ocurría en el Sector 11. Los pandilleros secuestraron a otro agente de presidios.
MEDIACIí“N
En medio del caos y la confusión en ambos centros carcelarios, los pandilleros solicitaron la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos para intermediar en la situación; gracias a los delegados de la PDH se suscribió un acuerdo de cese a la violencia entre las autoridades y los pandilleros
Jorge Mario Castillo, quien formó parte de la mediación, indicó que ese acuerdo refería que los reclusos tendrían derecho a visita familiar y conyugal, pues indicaron que las autoridades penitenciarias violaban ese derecho a los privados de libertad. Tampoco serían discriminados ni golpeados por la guardia penitenciaria.
Por su parte, los pandilleros tendrían que comprometerse a respetar a los agentes de presidios y no ingresarían más artículos ilícitos al centro carcelario.
Según el representante de la PDH, con esto se pretendía proteger la vida de los guardias tomados de rehenes, y tratar de que se adquiriera un compromiso entre ambas partes.
Finalmente, las autoridades cumplieron con el acuerdo y transfirieron a los reclusos, aunque hoy hay más de 365 en el Sector 11 del Preventivo, donde están hacinados y con escasos programas de reinserción social.
LAS CAUSAS
La desesperación de los privados de libertad respondía, según las denuncias de sus familiares, a que no tenían acceso a alimentos y medicamentos; se les impedía salir al aire libre y recibían golpizas por parte de los guardias.
«Les pegaban, los sacaban solo quince minutos al sol, no les daban de comer o los alimentos estaban en mal estado y si uno quería visitarlos tenía que pagar Q500 al licenciado para que él pudiera ingresarlo a uno», dice la esposa de uno de los pandilleros, quien veía a su cónyuge a través de un vidrio, únicamente cuando podía pagar el dinero que le exigía el notario.
Según la denunciante, su esposo fue trasladado del Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18 a Fraijanes II, el 28 de septiembre del año pasado, cuando el Sistema Penitenciario realizó el primer traslado.
Una joven, quien dice ser la esposa de otro pandillero, admite que había un alto grado de tensión entre los pandilleros, que se encontraban recluidos en el sector amarillo, puesto que no soportaban más las condiciones en las que se encontraban y eso provocó los incidentes.
«Ya estaban desesperados por los malos tratos, se había buscado la forma de que mejoraran las cosas, porque ellos también son seres humanos y merecen respeto, pero las autoridades no hicieron caso y ¿mire lo que pasó?», afirma la mujer en su relato.
Según la PDH, desde el inicio de operaciones de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II hasta el 22 de abril, habrían recibido alrededor de 30 denuncias de familiares de los sindicados, donde exponían los hechos anteriormente descritos.
INQUIETOS
El 21 de abril, dos días antes del motín, un representante de la Defensoría del Debido Proceso y Recluso, de la PDH, ingresó a Fraijanes II, junto a un juez de paz, para entrevistarse con algunos de los 100 privados de libertad que entonces guardaban prisión en ese lugar.
Jorge Mario Castillo, representante de esa defensoría, explicó que la entrevista con los pandilleros fue suspendida, pese que se había agendado con suficiente anticipación.
«Empezaron a golpear las rejas con fuerza e intentaban hablarnos, pero el bullicio provocado por ellos mismos no permitió escuchar claramente lo que decían; ese día se suspendió la visita, ellos estaban bastante inquietos», indica Castillo.
LOS VICIOS Y SEGUIR DELINQUIENDO
Fuentes policiales revelan que el origen de la desesperación de los pandilleros se debe a que, en Fraijanes II no contaban con los «privilegios» de los que gozaban en el Preventivo, puesto que allí tenían acceso a drogas, dinero, celular para coordinar las fechorías y el poder que les permitía cometer ilícitos.
Los entrevistados indican que la adicción a los narcóticos y la falta de consumo fue tan solo uno de los detonantes para que los pandilleros se alteraran, ya que está comprobado, por medio de las requisas, que un buen porcentaje de estas personas ingresan drogas a la prisión y sufren del síndrome de abstinencia cuando no consumen los estupefacientes.
A decir de las fuentes, la diferencia entre una prisión y otra fue notoria, ya que cuando estaban recluidos en el Preventivo podían «gozar», sin embargo los privilegios se acabaron cuando ingresaron a Fraijanes II, donde los controles eran más estrictos y el limitado contacto con sus familiares no permitía el ingreso de artículos ilícitos.
Ante esa situación, un guardia de presidios que pidió no ser citado manifiesta: «qué es triste que las autoridades siempre se dobleguen antes las mafias, ante aquellos que tienen de rodillas a Guatemala; se les debió de haber trasladado para que liberaran a los guardias, pero al rato se les tuvo que regresar, pues no se imaginan las cosas que hacen los mareros recluidos y de lo que son capaces», dijo.
MANIFESTACIONES
Al menos dos manifestaciones de familiares de pandilleros se han suscitado frente a las instalaciones del Sistema Penitenciario, ante la imposibilidad de no poder visitar a sus parientes y entregarles «encomiendas». Autoridades de presidios han denunciado que la gran mayoría de «encomiendas» son drogas, celulares y hasta armas.
Las autoridades solicitan un compás de espera, argumentando que deben estructurar el cronograma de visitas por la seguridad de la población, y los mismos guardias carcelarios.
Según fuentes informativas, los sindicados buscan la forma de ingresar chips o teléfonos celulares a la prisión, donde es difícil identificar quién realiza las llamadas de extorsión o planificación de un asesinato, puesto que hay varios privados de libertad en una sola bartolina.
El director del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, ratificó la denuncia contra la ONG que realizó los trabajos de construcción de la prisión; sin embargo, esto se llevó a cabo, luego que el fiscal de Delitos Patrimoniales, Wilson López, arribara a la sede de la dirección de presidios el 10 de mayo, pues Morales debía efectuar esa acción el viernes 7 de abril, pero no lo hizo.
El director de presidios argumentó que no efectuó esa acción, porque la solicitud no iba dirigida a él, sino al director de la Policía Nacional Civil (PNC).
Aunque el fiscal López intentó ingresar a Fraijanes II para realizar la inspección de los daños, no fue posible, pues se solicitó que policías que lo acompañaban dejaran el arma de fuego en la entrada y lo custodiaran hasta el patio, con lo que el fiscal no estuvo de acuerdo.
En una entrevista concedida a este vespertino, Morales dijo que accionaría legalmente contra la ONG que llevó a cabo los trabajos de construcción y que no pagarían el dinero restante de la obra, por no realizar una buena edificación.
El funcionario admitió que ya existían daños a la infraestructura de Fraijanes II, previo a los motines, sin embargo, indicó que los trámites burocráticos no permitieron accionar rápidamente.
«Se hizo inmediatamente la revisión de toda la estructura y es aquí donde procedemos a la denuncia; usted sabe muy bien que por cuestiones burocráticas y administrativas aunque uno quisiera hacer las cosas de la noche a la mañana, no se puede porque lleva un tiempo, hay que buscar una licitación, hay que hacer una cotización, hay un proceso administrativo que debe ser respetado; insisto, no son los protocolos de seguridad los que fallaron», manifestó en esa ocasión.
Al ser consultado sobre la falta de prevención de un motín, principalmente en el sector donde estaban recluidos los pandilleros, indicó: «Por eso le digo, hay un proceso engorroso, pero ahora a la ONG que está denunciada se le abrió un proceso por estafa; mientras eso sucede, usted no puede actuar porque está en una situación de litigio, es todo un proceso judicial; allí nosotros ya habíamos implementado otros protocolos de seguridad para evitar esto precisamente, estábamos preparados, lo que sucedió es que no considerábamos que en ese sector estuvieran dañadas las puertas, sino sólo las otras, pero ¡sorpresa! también dicha estructura estaba mal, indicó.