Tras sufrir un primer revés jurídico, el proyecto de Constituyente del mandatario socialista de Ecuador, Rafael Correa, entró este martes en una fase de movilizaciones ciudadanas para presionar al Congreso opositor a que apruebe la consulta popular que convoca a la Asamblea.
Respaldadas por el gobierno, las manifestaciones se iniciaron en Quito, donde unas 5.000 personas marcharon hacia la sede del Legislativo, que tiene en sus manos la suerte del plebiscito.
«A partir de hoy entramos en un proceso de movilización hasta que el Congreso respete la voluntad de cambio de los ecuatorianos y viabilice la consulta», dijo a la AFP César Rodríguez, directivo de Alianza País, movimiento por el cual Correa postuló a la presidencia.
La jornada reúne a organizaciones civiles, grupos políticos de izquierda, sindicatos y estudiantes, entre otros.
Los manifestantes se concentraron alrededor del Parlamento, presentándose escaramuzas cuando simpatizantes del ex presidente Lucio Gutiérrez -en la oposición- intentaron sumarse a la marcha para respaldar la Constituyente y fueron repelidos por los seguidores del gobierno.
Otras movilizaciones se llevarán a cabo en el transcurso de la semana en las principales ciudades, según Rodríguez.
Mientras, los indígenas -que propiciaron la caída de dos presidentes en la última década- anunciarán este martes un cronograma de actividades para presionar por la aprobación del plebiscito, convocado para el 18 de marzo, dijo a la AFP Humberto Cholango, líder de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua.
Ese y otros 33 grupos cívicos conforman un «frente social» que apoya la redacción de una nueva Carta Magna.
Las marchas comenzaron justo una semana después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó la calificación de la consulta en manos del Congreso pese al rechazo de Correa -en el poder desde hace 15 días- a que fuera avalada por ese órgano, conformado por una mayoría opositora que respalda la Asamblea bajo sus propias condiciones.
El gobierno restó importancia a la decisión del TSE, aunque este martes reiteró que está dispuesto a establecer un tribunal exclusivamente (ad hoc) para que organice el plebiscito.
«Entre hoy y mañana el gobierno tomará una decisión al respecto y será la que más le convenga al país», dijo la portavoz de la presidencia, Mónica Chuji.
Correa anunció el domingo que esta será una semana de «presión» en favor de la Constituyente -puntal de su proyecto de «revolución socialista»- y reiteró que con ella busca implantar la figura de la revocatoria del mandato.
El gobernante no presentó candidatos en los comicios legislativos de octubre, por lo que el Congreso teme su disolución.
«Estamos ante una semana crucial. Unicamente la fuerza ética y moral del pueblo obligará a la partidocracia a obedecer a sus mandantes», advirtió Correa, quien denunció que los «dueños del poder en el Parlamento tienen un deseo explícito de derrocarlo» y para ello conspiran contra la Asamblea.
Diputados de los principales partidos opositores negaron los señalamientos calificándolos de «insultantes, histriónicos y desafortunados».