Cabe recordar que una de las quejas que formuló al presentar su renuncia el Comisionado Carlos Castresana fue cabalmente la falta de compromiso del Congreso en la aprobación de leyes indispensables para lograr avances concretos y por ello la reunión de ayer tiene que entenderse como una especie de seguimiento que se produce en el marco del interés que tienen los paí­ses que están comprometidos con la CICIG, para impulsar la lucha contra la impunidad en Guatemala. No faltan los que resienten la intromisión de embajadores que van más allá de lo que constituye el puro y simple ceremonial diplomático, pero en primer lugar tenemos que entender que desde siempre nuestro paí­s, como todos los paí­ses pequeños, es objeto de ese tipo especial de relación. En tal sentido, al menos ahora puede decirse que las acciones diplomáticas para influir en la vida nacional tienen un propósito sano, de ayudar a una Nación que no ha logrado generar el fortalecimiento institucional para luchar contra flagelos tan graves como el de la impunidad. La ley de Extinción de Dominio, al permitir la confiscación de bienes producto de actividades criminales, replica en nuestro paí­s lo que en otras naciones ha significado una enorme diferencia en la lucha contra el crimen organizado, puesto que no hay que profundizar mucho en el tema para entender que esa gigantesca disposición de dinero y de bienes es lo que garantiza a los delincuentes que aun siendo objeto de persecución penal, puedan librarse sobornando a diestra y siniestra. En cambio, cuando el Estado tiene la facultad de confiscar los bienes y el dinero mal habido, le arrebata a las bandas la capacidad de continuar corrompiendo a los funcionarios y administradores de justicia. A los que les ofende la intromisión de los embajadores de Francia y de Estados Unidos al reunirse con jefes de bloque para insistir en la importancia de aprobar esas leyes, baste decir que aquí­ se dejó sin efecto la legislación sobre el enriquecimiento ilí­cito y los chapines nos callamos sin protestar ante la arbitrariedad que abrí­a las puertas a la masiva y ofensiva corrupción que hemos sufrido porque los polí­ticos no tienen sanción si se embolsan el dinero público. No hay tales, pues, de que esos temas los podemos arreglar nosotros solos sin la intromisión de diplomáticos extranjeros, puesto que de no ser por la presión internacional ni siquiera tendrí­amos una comisión que se ha encargado de sentar las bases de la que deberá ser, en su momento, la lucha de los guatemaltecos para impedir que la impunidad sea la norma en la administración de justicia en el paí­s. Repito que la soberaní­a es importante y lo mismo la dignidad de la Nación, pero la primera es inútil cuando el Estado es incapaz hasta de aplicar sus propias leyes para castigar el delito y la otra la han dejado tirada por los suelos quienes permitieron el debilitamiento de las instituciones al punto de que hoy la seguridad únicamente se la podemos pedir, orando mucho, a Dios nuestro Señor.