Nunca hemos tenido en Guatemala un adecuado sistema penitenciario, aunque justo es decir que tampoco se había llegado a los extremos que marcan el funcionamiento de las cárceles en las últimas décadas. Las prisiones en el pasado fueron no sólo lugares de castigo para los delincuentes, sino también reclusorios para los enemigos del gobierno de turno y las celdas de la vieja Penitenciaría Central estuvieron llenas de dolorosas historias de arbitrariedad e injusticia, pero nunca de los niveles de corrupción que ahora son el sello característico del régimen carcelario en Guatemala.
Supuestamente con la toma de Pavón realizada en el gobierno de Óscar Berger se iba a resolver el problema, al menos en ese centro carcelario, pero la verdad es que hay evidencias de que finalmente no hubo más que una especie de ajuste de cuentas mediante la eliminación de la cúpula mafiosa. No se compuso absolutamente nada y, por el contrario, otros reos asumieron el poder y llegaron a perfeccionar el control que tienen sobre cualquier tipo de privilegio en las cárceles, lo que es fuente de enormes ingresos económicos que diariamente se cobran y reparten en los presidios del país.
De suerte que es válido afirmar que en esta materia el país ha tenido un grave retroceso y que el deterioro de la institucionalidad es tan visible que resulta mucho más poderosa la figura de quienes desde adentro de las cárceles dirigen toda la operación, que la del mismo Director General de Presidios que no tiene otra vela en el entierro que la de convertirse en parte de la jugada.
Otra muestra de hasta dónde se llevó el descalabro de las instituciones del Estado porque resulta que en buena medida el control de las cárceles se terminó privatizando, al pasar a manos de algunos de los reclusos que son los que deciden qué entra en las cárceles, así como cuándo y cómo los presos pueden salir como chucho por su casa, además de la distribución de privilegios que tienen un alto costo para los internos.
El problema se agrava porque la estructura misma del sistema está corrompida de tal forma que no se cuenta con elementos para plantear un rescate para devolver la institucionalidad perdida. Quien intente asumir el control de las prisiones se verá en la más absoluta soledad porque no hay aliados en la lucha para acabar con el manejo ilícito de todos y cada uno de los centros de detención cuyo control perdió por completo el Estado y no pudo recuperar ni siquiera cuando, compitiendo con los criminales, decidió salir de ellos violentamente.
Minutero:
Las funciones del Estado,
hasta en la seguridad,
son total calamidad
de un sistema que ha fallado