Tras lo acontecido la semana pasada, cuando nuestro Gobierno no supo desenredar un rumor sobre la muerte del Chapo Guzmán y el vocero se contradijo con el Ministro de Gobernación y ahora el Presidente dice que averiguan de dónde vino el rumor, confiar en la inteligencia que pueda tener un gobierno que dice que no sabe por qué ubican aquí al narcotraficante mexicano, resulta complicado.

Pero si algo se ha sabido desde hace muchos años, lo suficiente para que desde la llanura este gobierno analizara el problema, es nuestra podredumbre en el Sistema Penitenciario (SP) que termina siendo un hotel de cinco estrellas, una universidad del crimen de primer orden, un centro de planificación y coordinación de hechos ilícitos y hasta un salón social para cuanta fiesta y diversión se necesite.

Y ante ello, al Gobierno le ha costado mucho ser firme en el tema. Nombraron al recién despedido director del SP, quien dijo en su momento que Pavoncito era un ejemplo, y ahora lo terminan despidiendo porque según López Bonilla estaba haciendo cosas a su espalda; quedan dudas de qué tan a su espalda las hacía si el mismo Ministro, en su momento, advirtió a Lima Oliva que no saliera más de prisión.

Cuando se le cuestiona al nuevo Director del SP respecto a una fotografía del Subdirector de presidios con Lima Oliva, dice que es normal que los funcionarios del SP se fotografíen en eventos sociales con los privados de libertad. Se necesitó de un acuerdo que declaraba la zona de Fraijanes como de alta seguridad para entrarle a la situación de Lima, misma que ha venido sucediendo de años y que además, no tuvo consecuencia legal alguna.

Aquí en La Hora hemos documentado, a través de trabajos periodísticos, una infinidad de situaciones en presidios que las autoridades han conocido por años, pero por alguna razón, entre ellas la indiferencia de la sociedad, no han actuado. Se han documentado violaciones a niñas, clicas enteras que operan impunemente desde prisión, la inefectividad de los bloqueadores de señal de celular, mil llamadas desde un aparato móvil, la falta de controles, etc. y todo sigue igual.

Nadie pretende que los privados de libertad no tengan derechos mínimos y elementales, más si en Guatemala alguien puede ir a parar a la misma cárcel por un hecho de tránsito que por uno de asesinato , pero de eso a que quienes controlen y dirijan los presidios sean los mismos reos, son dos cosas distintas.

Y yo insisto que la permisividad del Gobierno ante esta situación manda una mensaje totalmente desalentador porque las actuales y las antiguas autoridades pretenden y han pretendido que basta decirnos que a los pobres guardias del SP los matan por su gran labor; no han tenido la entereza y el valor de dar explicaciones concretas al ciudadano común y corriente de el porqué nuestro sistema está roto, porque ello implicaría un compromiso de erradicar el mal y a eso nadie se quiere comprometer.

Ayer mismo, ante los hechos, nos preguntábamos en La Hora si el poder de los privado de libertad es con permisividad o complicidad de las altas autoridades, porque sabiendo cuáles son los problemas es inaudito que no se haga nada. Quisiera creer que es la complejidad y no la complicidad, pero tampoco quiero pecar de ingenuo y las autoridades deben actuar para resolver las cosas de fondo para evitar desconfianzas.

Seguramente al Ministro no le llegan esas comunicaciones, pero si tan solo pudiera ir un día al centro de llamadas de Cuéntaselo a Waldemar y oír a una de esas personas que lloran porque han sido extorsionadas y porque sienten la muerte cerca; si pudiera platicar con familiares de Rafael Licardí quien murió dando su vida al SP, o lo hiciera con uno de esos agentes de PANDA que dan la vida combatiendo las extorsiones o con un guardia penitenciario que, ganando una miseria, no le queda más que hincarse ante el poder de los reos porque si no, igual lo matan; si lo hace, de seguro tendríamos oportunidad de ver una actitud diferente en el problema de las cárceles.