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Expertos coinciden en que el tema de la rehabilitación de las personas privadas de libertad debe ser el énfasis principal de las autoridades, con lo se contribuya a la reducción de la delincuencia y la reinserción social.

Para el militar retirado ílvaro Arriaza, anterior director de esa instancia, la institución penitenciaria se encuentra al borde del colapso, situación que reconoce el abogado Gustavo Adolfo Gaitán, quien recientemente tomó las riendas de dicha institución.

La Constitución Polí­tica de la República indica en su Artí­culo 19: «El Sistema Penitenciario (SP) debe tender a la readaptación social y reeducación de los reclusos…», ese artí­culo añade que los reos no deben ser «discriminados, tratados cruelmente o sometidos a torturas fí­sicas o morales», y que los centros penales son de carácter civil, entre otras normas.

A la fecha se encuentran recluidos 7 mil 337 hombres y 411 mujeres distribuidos en las 18 cárceles del paí­s (7 mil 748 en total) y unos 3 mil 500 guardias están a cargo de su seguridad. ¿Cumple entonces el SP las normas establecidas tanto en la Constitución como en la ley que lo rige, o está colapsado?

Panorama general

Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), consideró que en el SP existe falta de implementación de a Ley del Régimen Penitenciario, la cual resumió en cinco aspectos: la toma de control respecto a la situación penitenciaria (instalaciones y personas), la implementación del régimen de rehabilitación dentro del SP por medio de la creación de comisiones que clasifique, ubique y documente toda la región carcelaria para la posibilidad de rehabilitación.

El analista añadió que «es necesaria la aprobación de la carrera penitenciaria en manos de civiles porque en la actualidad la preparación del personal recae en el Ejército y eso no contribuye a crear un SP como el que necesita el paí­s», indicó, y añadió que en ese aspecto es indispensable la reclasificación del personal y mejorar su capacitación y sus condiciones laborales.

Asturias dijo finalmente que también se hace preciso que se mejoren las condiciones fí­sicas de las cárceles del paí­s para terminar con el hacinamiento.

Uno de los aspectos más negativos, según el entrevistado, es la sobrepoblación de las prisiones ya que eso no permite que haya control ni que los programas de rehabilitación puedan ser implementados. Según el entrevistado las cárceles del paí­s han sobrepasado el doble de su capacidad.

Derechos Humanos

Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), refirió que el SP fue creado para la aplicación objetiva de la rehabilitación de las personas privadas de libertad, para que estas se reintegren a la sociedad con una nueva forma de pensar o actuar.

Sin embargo, el Magistrado de conciencia consideró que esta entidad «no ha hecho lo necesario para reeducar a los ciudadanos que incurren en delito, sino al contrario los han golpeado y maltratado tanto que estos toman venganza con la sociedad misma», enfatizó Morales.

El entrevistado cree que la entidad en mención no cumple con el respeto a los derechos humanos: «el SP ha fracasado en cuanto a la perspectiva de los derechos fundamentales tanto desde el punto de vista del reo, como de su posterior inserción a la sociedad», afirmó.

la sociedad actual existe lo que expertos llaman: «suicidios colectivos»; los cuales consisten en creer que los reos pierden sus derechos fundamentales e incluso aceptar las medidas de represión impulsadas en su contra. A ello Morales respondió que la función del SP no es eliminar a las personas, sino reeducarlas: «en lugar de ser reeducado es educado a maltratar, golpear u odiar lo que provoca que actúen de forma denigrante hacia la sociedad», subrayó.

En la oficina del PDH, existen una gran cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el interior de las cárceles. Las más frecuentes son de abuso de autoridad tanto dentro, como fuera del SP.

Militarización

Según el CEG, la militarización de las cárceles contempla varios elementos: la formación del personal de seguridad, la cual se da en una base militar, la dirección de militares en condición de retiro dentro del SP, cuya visión difiere de la perspectiva civil y democrática de seguridad nacional.

Otro de los aspectos referidos por el CEG es la seguridad perimetral, a cargo del Ejército, que establece un régimen penitenciario fuera de los parámetros de democracia y que además ha demostrado poca efectividad.

«Cambios Revolucionarios»

Mario Mérida, analista y ex Ministro de Gobernación, evaluó que actualmente el SP no tiene una visión clara que se adapte al contexto de la polí­tica de seguridad y desarrollo interno de los presidios; lo cual se debe a que «ya se agotó la estructura original de creación del SP».

Mérida explicó que «el ministerio de Gobernación tiene muchas responsabilidades en otras áreas, lo cual no les permite realizar con responsabilidad lo que corresponde a cada una de las instituciones a su cargo».

«Llegó el momento de hacer cambios revolucionarios, los cuales consisten en liberar a presidios a través de impulsar un Instituto Nacional de Cárceles y rehabilitación y dejarlo funcionando de forma independiente para que no ocurran los mismos problemas; porque se cambia de administración, no se logra conocer el problema, termina el gobierno y los cambios no se hicieron», explicó el entrevistado.

Para Mérida el primer paso para esos cambios se darí­a con la creación de una Ley que sea aprobada en el Congreso, con la que se le quite al Ministerio del exterior la responsabilidad de controlar el sistema de presidios y así­ el SP tenga una «visión propia» y se aplique la verdadera rehabilitación.

El analista enfatizó además que la sensible situación de los centros penitenciarios no se debe únicamente al tema del presupuesto, como se ha manifestado, sino a la existencia de un recurso humano capacitado: «no se conocen públicamente los programas implementados a lo interno del SP; peso existe la necesidad diseñar una polí­tica que equilibre la rehabilitación con el control de los reclusos, la cual debe ser planteada por medio de profesionales psicólogos, sociólogos, entre otros que den una parte de la respuesta», finalizó Mérida.

¿El camino más escabroso?

Alejandro Giammattei, ex director de presidios, se refirió en una entrevista al tema de la rehabilitación. El también ex candidato presidencial explicó que en ese tema «la lucha ha sido estéril, porque hace falta una ley que obligue al Estado a abrir los procesos de rehabilitación».

GIammattei indicó que al contrario de avanzar, los equipos de rehabilitación fueron prácticamente desaparecidos y el SP «volvió a ser un centro de bodega de almacenamiento de personas», declaró.

Para el entrevistado, la debilidad en el tema en mención se debe a la falta de voluntad polí­tica del Estado: «el tema de lograr la rehabilitación en las cárceles es uno de los programas más eficaces para luchar contra la inseguridad nacional, pero actualmente sucede lo contrario», enfatizó.

El ex presidenciable insistió en que el cumplimiento de lo establecido en la ley que regula el SP, una polí­tica estatal y un presupuesto adecuado podrí­an mejorar la situación, y finalizó diciendo que «urge que se echen a andar los equipos multidisciplinarios y los programas previstos para la separación y clasificación de los reclusos de acuerdo a su perfil psicológico y criminal, los cuales definen su posibilidad de rehabilitación», subrayó.