Mediante una publicación en el Diario Oficial, la Presidencia de la República veta reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, en donde se reforman las penas y obtención de declaraciones ante hechos cometidos contra turistas.
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Los decretos 17-73 y 51-92 que reforman el Código Penal y el Código Procesal Penal, pretendían incrementar al triple la pena máxima de cada delito que un delincuente cometiera contra un extranjero, sin embargo, la presidencia considera que esto violaría los principios del debido proceso y de igualdad.
Además, entre otras reformas se solicita que «quedan excluidos de cualquier medida sustitutiva los delitos de cualquier naturaleza que fuesen cometidos en contra de cualquier persona en su condición de turista extranjero cuando se haya lesionado», pero éste se veta por la misma razón que el anterior.