El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco español decidió hoy sobreseer la causa contra el presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, acusado de haberse reunido con miembros de Batasuna, ilegalizado brazo político de la organización separatista armada ETA.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió hoy sobreseer la causa contra el presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, por «falta de acusación legítima» al abogar la fiscalía por archivar el caso, anunció una portavoz del Tribunal.
El tribunal decidió «por mayoría el libre sobreseimiento pedido por la fiscalía» y la defensa de la mayoría de los acusados «por falta de acusación legítima», anunció el presidente del tribunal, Manuel Díaz de Rábago, quien presentó un voto particular contra esta decisión, por lo que ésta no fue unánime.
La fiscal María Angeles Montes había pedido al Tribunal desde el inicio que archivara el caso basándose en una jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual un juicio oral no puede tener lugar si la fiscalía o las víctimas directas no apoyan las acusaciones.
Ibarretxe, así como el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, su principal rival en las elecciones regionales del primero de marzo; el dirigente también socialista Rodolfo Ares y cinco miembros de Batasuna estaban acusados de un delito de desobediencia a la sentencia que ilegalizó al brazo político de ETA en 2003.
La justicia española decretó la ilegalización de Batasuna por su relación con ETA, considerada responsable de 825 muertos en 40 años de violencia.
La acusación particular, ejercida por dos asociaciones contrarias a negociar con ETA, el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, que solicitaron seguir con el proceso, consideraban que Ibarretxe y los dirigentes socialistas desobedecieron la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2003 al reunirse con los miembros de Batasuna enjuiciados durante la tregua de ETA decretada en marzo de 2006.
Las defensas de los acusados habían solicitado, por su parte, que no se siguiera adelante con el proceso siguiendo a la fiscalía, excepto el defensor del lehendakari (presidente vasco), quien había pedido ir hasta el final para defender «el derecho legítimo al diálogo y a la paz en este país» y conseguir un veredicto «que nos dé la razón».
«Dijimos que no había fundamento para él (el juicio), que no habíamos cometido ningún delito, que no había legitimación en esta acusación popular para tener este proceso judicial y parece que se nos ha dado la razón», afirmó López tras conocer la decisión del TSJPV, reunido en Bilbao (País Vasco, norte).
El lehendakari, el nacionalista vasco moderado Ibarretxe, expresó su satisfacción porque la decisión del tribunal pone fin «a un sinsentido jurídico y político».
«Había un intento por parte de sectores muy determinados de dar por zanjada la vía del diálogo como vía de solución al problema político que existe en Euskal Herria», declaró por su parte el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.
Las reuniones políticas por las que están acusados los procesados habían tenido lugar paralelamente a las negociaciones entre el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, tras el alto el fuego permanente decretado por la organización armada vasca en marzo de 2006.
ETA acabó por torpedear este proceso de paz con un atentado en Madrid en diciembre de 2006, antes de romper oficialmente su tregua en junio de 2007.
Desde el fracaso de este diálogo, el gobierno español ha seguido una línea de firmeza que ha llevado a la detención de numerosos activistas de ETA y de Batasuna, así como a la ilegalización de dos partidos independentistas vascos cercanos a Batasuna en 2008.
El gobierno de Zapatero ha excluido además cualquier tipo de negociación con ETA o su entorno.