El presidente Juan Manuel Santos ordenó hoy la militarización de Bogotá luego de violentos disturbios registrados la víspera en varias localidades que dejaron dos muertos, y la presencia de soldados armados se hizo notable casi de inmediato en varios sectores de la ciudad.
«He tomado decisiones para asegurar la normalidad… Ordené la militarización Bogotá», dijo Santos en una alocución desde la casa de gobierno. «La violencia indiscriminada dejó dos muertos en Bogotá….incontables perjuicios», señaló.
Los disturbios de la víspera dejaron 129 policías y 89 civiles lesionados. Otras 66 personas fueron detenidas en todo el país, según las autoridades.
Las dos muertes ocurrieron la noche del jueves en la zona oeste de Bogotá: dos jóvenes de 18 y 24 años murieron por disparos, sin que se conozcan aún los detalles de cómo ocurrieron los hechos, dijo Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes.
Jorge Rojas, secretario del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que el anuncio del mandatario no significa que esta ciudad de ocho millones de habitantes se encuentre en estado de sitio o que las autoridades civiles se sometan a las militares, sino un reforzamiento de la presencia de los uniformados porque la policía no puede atender todos los puntos de la capital donde se han presentado incidentes desde la víspera.
La militarización significa «sólo un reforzamiento (de la seguridad) y está concertado y bajo la autoridad civil», dijo Rojas a la AP.
La presencia militar estaba esparcida por sectores del norte y del sur capitalino, sin ser masiva. Se observaban soldados patrullando que portaban fúsiles, cascos y algunos con chaleco antibalas, según reporteros de la AP en un recorrido por distintos puntos.
El general Rodolfo Palomino, comandante de la policía nacional, dijo en conferencia de prensa temprano que en los disturbios fueron detenidas 66 personas en todo el país, al menos 29 de ellas en Bogotá. Aseguró que 129 policías resultaron heridos en todo el país, tres de ellos por heridas de bala cuando se desplazaban en motocicletas en Soacha la noche del jueves.
El alcalde Petro dijo en su cuenta de Twitter que en la ciudad al menos 89 personas fueron heridas la víspera y 23 de ellas fueron hospitalizadas.
El analista político y ex alcalde de Bogotá (1992-1994), Jaime Castro, indicó en entrevista telefónica que la declaración de Santos busca «un efecto mediático» para salir al paso de los desórdenes de la víspera.
«La militarización no significa que haya nuevas leyes o que los militares asuman funciones jurisdiccionales frente a los civiles o que puedan realizar allanamientos o cosa parecida», dijo Castro. Los militares «van actuar acompañando a la policía, reforzando a la policía», indicó Castro.
En Bogotá existe una brigada del ejército con al menos 14.400 hombres, indicó a la AP el general Gabriel Pinilla, comandante de la denominada Brigada 13 que es la que opera en la capital.
El alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, dijo en diálogo telefónico que su localidad fue reforzada con 500 soldados y 400 policías luego de actos de vandalismo por la noche y la madrugada con intentos de saqueos de comercios como supermercados, almacenes de ropa y ferreterías, entre otros.
Gustavo Estupiñán, un contador de 54 años, dijo el viernes que participó la víspera en una marcha hacia el centro de la ciudad porque considera que son justas las exigencias de los pequeños campesinos. Pero tan pronto vio los primeros desórdenes abandonó la caminata y se marchó a casa. «Cuando vi a un grupo de vándalos utilizando la marcha para destruir lo que le pasaba al frente, me devolví porque sentí miedo», dijo Estupiñán. «No se justifica que unos vándalos acaben con una protesta justa».
Para Iván Cepeda, representante a la Cámara del izquierdista Polo Democrático Alternativo, dijo en diálogo telefónico que las afirmaciones de Santos «son salidas muy desafortunadas» porque «desde el comienzo hemos dicho que la vía para resolver esta formidable ola de protestas que se están presentando en el país es el diálogo, es la creación de una mesa nacional para el diálogo social y no la vía de militarizar y estigmatizar la protesta social».
Los disturbios se presentaron la víspera y en medio de marchas llamadas por universitarios en apoyo de pequeños campesinos que están en paro desde el 19 de agosto. Los pequeños cultivadores de papa, cebolla y productores de leche de zonas el centro del país reclaman que están produciendo a pérdida porque mientras los insumos son muy caros, los precios de venta están bajos, pero además se quejan por importaciones de productos agrícolas por distintos tratados comerciales.
El presidente anunció también que dispuso que 50.000 hombres de las fuerzas militares apoyen a la policía en las carreteras donde se han presentado bloqueos por parte de manifestantes desde el inicio del paro.
«Todos los aviones de transporte de nuestra fuerza aérea estarán disponibles para realizar puentes aéreos que garantice el abastecimiento de alimentos en las diferentes ciudades y también se realizaran caravanas escoltadas por la fuerza pública para facilitar el ingreso y la salida de productos de los centros urbanos» donde sea necesario, agregó el mandatario.
El presidente además reveló que ordenó a sus negociadores regresar a Bogotá desde Tunja, la capital del vecino departamento de Boyacá, donde desde el martes pasado se negociaba un acuerdo con líderes de los pequeños agricultores de Boyacá, el también central departamento de Cundinamarca y de Nariño, al sur del país, los que mayores bloqueos viales han realizado y en ocasiones se han enfrentado con la policía en las carreteras.
El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, y que participa en las negociaciones como garante, dijo a la AP que estaban aún reunidos en Tunja con los líderes campesinos evaluando lo dicho por el presidente, si se pueden retomar las negociaciones tras el retiro de los delegados oficiales esta mañana y si eso se consideraba una ruptura definitiva.
Voceros de los campesinos no atendieron llamados de inmediato.
Por su parte Alfredo Rangel, de la no gubernamental Fundación Seguridad y Democracia, que analiza el conflicto armado interno, adujo que el enuncio de Santos «es un desplante para el movimiento agrario (que) va a radicalizar aún más las protestas y va a generar más anarquía en muchos lugares del país», dijo Rangel.