El Secretario General de la Presidencia, Gustavo Martínez, informó esta mañana que la Ley de Registro de Terminales Móviles fue sancionada ayer en la tarde por el presidente Otto Pérez Molina, lo cual constituye un paso más hacia su publicación y aplicación.

El funcionario dijo que el miércoles pasado el Congreso de la República trasladó dicha ley al Organismo Ejecutivo, luego del proceso de discusión y enmiendas de los parlamentarios posterior a la aprobación el pasado 17 de septiembre; y mencionó que ahora quedan a la expectativa sobre cuándo será publicado el decreto correspondiente para que la normativa mejor conocida como “ley contra el robo de celulares”, cobre vigencia.

El pasado 17 de septiembre, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la Ley de Registro de Terminales Móviles, cuyo fin es frenar y sancionar penalmente el robo y venta de teléfonos celulares de dudosa procedencia, e incluso su uso en las prisiones del país, pues se presume que la mayoría de los casos por extorsión y sicariato provienen de los centros carcelarios.

Asimismo, con esta nueva normativa se busca la generación de un nuevo registro de usuarios, comercializadores, distribuidores, números telefónicos y números de Identidad Internacional de Equipos Móviles (IMEI, por sus siglas en inglés); constituyéndose una “lista blanca”, como dicen algunos analistas.

Al respecto, Carmen Aida Ibarra, del movimiento Pro Justicia y quienes impulsaron durante casi tres años la aprobación de esta ley; manifestó que la publicación de la misma es importante porque existe expectativa de que cuando la ley entre en vigencia, se pueda ordenar el registro de la telefonía móvil y se constituya en una herramienta vital para las fuerzas de seguridad para combatir el robo de celulares, y por otro lado, los crímenes en donde se utilizan los teléfonos celulares.

Cabe destacar que una de las principales sanciones en esta ley contempla hasta 15 años de prisión y multas desde Q10 mil hasta Q100 para aquellas personas que roben, vendan o “flasheen” los aparatos inalámbricos.

Asimismo, se conoce que las compañías telefónicas que operan en el país dispondrán de tres años para inscribir todos los números en una “lista blanca”, caso contrario las líneas o el servicio serán inhabilitados. Además deberán crear, mantener y administrar una Base de Datos de Teléfonos Robados, lo que también se conoce como “lista negra”.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), diariamente en el país se roban 333 aparatos móviles, lo cual representa una tasa anual de 925 teléfonos celulares por cada 100 mil habitantes.

Por aparte, la Superintendencia de Telecomunicaciones reportó en el año 2012 un total de 142 mil 745 celulares robados, la Policía Nacional Civil registra para el mismo periodo mil 956 teléfonos móviles hurtados y el MP indica que hasta el momento existen 4 mil 376 denuncias por este delito.