El jefe de Estado italiano Giorgio Napolitano disolvió hoy el Parlamento, sólo dos años después de las últimas legislativas, abriendo el camino para realizar elecciones anticipadas que se llevarán a cabo en abril, mientras las encuestas dan ventaja a la derecha.
Catorce días después de la renuncia de Romano Prodi por un voto de desconfianza en el Senado, Giorgio Napolitano firmó el decreto de la disolución de las dos Cámaras.
Napolitano explicó a la prensa que «la disolución fue una decisión obligatoria ante el resultado negativo» de las consultas del presidente del Senado Franco Marini con los partidos políticos y ante la «imposibilidad de formar una mayoría para realizar una reforma rápida de la ley electoral».
El jefe de Estado, que se oponía a elecciones anticipadas, expresó su «amargura» ante la perspectiva de que éstas se lleven a cabo con la actual Ley Electoral.
Según Napolitano, una convocatoria inmediata a las urnas constituye una «anomalía» que «no dejará de tener consecuencias para la gobernabilidad del país».
El Consejo de Ministros italiano inicia a las seis de la mañana (hora de Guatemala) una reunión para fijar la fecha de los comicios legislativos, que deberían convocarse probablemente para los días 13 y 14 de abril.
El decreto oficial de disolución del Parlamento será refrendado por el jefe de Gobierno en funciones, Romano Prodi, tal como lo establece la Constitución.
Napolitano se había reunido en la tarde de ayer con el presidente del Senado, Franco Marini y el presidente de la Cámara de Diputados, Fausto Bertionotti, el primer paso formal para la disolución del Parlamento.
Las elecciones durarán dos días, un domingo y parte del lunes y no se excluye que coincidan con las elecciones municipales parciales previstas para mediados de abril, en particular en Roma, hasta ahora bastión de la izquierda.
La votación se celebrará con el mismo sistema de voto que determinó el estrecho triunfo de la coalición de centroizquierda en abril de 2006 y considerado por casi todas las fuerzas como el principal responsable de la actual fragmentación política.
La ley electoral, adoptada por el gobierno del líder de la derecha italiana Silvio Berlusconi seis meses antes de las elecciones de abril del 2006, llamada popularmente «la cochinada», fomentó la inestabilidad al otorgar poder de chantaje a las formaciones pequeñas, lo que dificultó alcanzar consensos duraderos.
Pese a las críticas, Berlusconi, de 71 años, se negó a modificarla y ofreció abrir el diálogo sobre el caso sólo después de las elecciones anticipadas.
La negativa absoluta a formar un gobierno de transición que reforme la controvertida ley electoral por parte de Berlusconi, determinó la decisión de Giorgio Napolitano de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.
La coalición de centroderecha, que superó rápidamente sus desencuentros internos ante la posibilidad de nuevos comicios, cuenta según los sondeos con una ventaja de 10 a 14 puntos sobre la coalición de centroizquierda, fuertemente desgastada por las divisiones internas.
La renuncia de Romano Prodi, presentada el pasado 24 de enero tras haber perdido el apoyo crucial del Senado, abrió la crisis de gobierno, según el complejo régimen parlamentario vigente en Italia.
Con la caída de Prodi -quien sigue ocupándose de los asuntos corrientes-, se concluye después de tan sólo 20 meses la segunda experiencia en el poder de la coalición de centroizquierda.
Berlusconi, magnate de las comunicaciones, disputará las elecciones esta vez frente a Walter Veltroni, de 52 años, alcalde de Roma y líder del recién fundado Partido Demócrata, fruto de la fusión del Partido Democrático de la Izquierda (ex comunistas) y de los católicos de La Margarita.
Veltroni anunció que el Partido Demócrata se presentará solo ante los electores, abandonado la alianza con alas extremas, tanto la ultraizquierda como los ultracatólicos, lo que había permitido lograr la victoria con Prodi en 2006.