El nuevo presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Andrés Castillo, concedió una entrevista a Diario La Hora, en la que se abordó la perspectiva del sector privado organizado sobre la actualidad de Guatemala y destacó la relevancia del tema de transparencia.

¿Cuál es su visión sobre el futuro inmediato de Guatemala?

Vemos optimismo afuera. Se está recuperando la confianza del guatemalteco. Hemos visto inversionistas que han decidido invertir en nuestro país, sobre todo en energía eléctrica y minería.
Creemos que si logramos unir esfuerzos con el sector público, deberíamos ver esas inversiones generarse de una forma más rápida y que empiecen a crear empleo formal que esas inversiones traen, aunque son de largo plazo.
Sin embargo, los inversionistas están viendo mucha burocracia y lentitud en los trámites. Por ejemplo en licencias, estudios de impacto ambiental; pero, en fin, están interesados en invertir. Eso lo vemos positivo.
Por aparte, traemos diez trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso también es positivo. Obviamente, el crecimiento ha sido muy bajo para lo que el país necesita, pero lo tenemos que seguir empujando. Siempre hemos hablado de que sea un seis por ciento, que incluso está recopilado en los Acuerdos de Paz. Debería ser la meta mínima.
Este año es difícil cumplirlo, pero si las inversiones se terminan de formalizar y si la Agenda Nacional de Competitividad que lanzó el Gobierno se logra implementar y es entendida por todos los actores de la sociedad, siendo positivos podríamos llegar a un cuatro por ciento.
En términos generales vemos positivo el año, esperando realmente que el tema de confianza y optimismo del guatemalteco se mantenga.
Como gran ausente hemos visto el tema del combate a la corrupción, y transparencia. En el acuerdo de Estado que el sector privado ha propuesto al Gobierno, que nace cuando sale toda la plática sobre la reforma fiscal, se dijo que había que entrarle de primero a lo primero, y según nosotros lo primero eran temas de transparencia, combate a la corrupción, eficiencia y calidad en el gasto público.
Esa parte, lastimosamente no ha caminado. El primer paso ya se dio y es que se presentaron las iniciativas de ley al Congreso. Ya se tienen análisis de las leyes y quisiéramos que se mejoraran algunas de las iniciativas que ya están presentadas.
Pero esperamos que se logre desentrampar la agenda en el Legislativo para que eso empiece a caminar.
Eso, para nosotros, es fundamental. Pasar buenas leyes. Que el Gobierno empiece a dar señales claras en el combate a la corrupción.

¿Cuál es su visión sobre el rol que debe jugar el Estado en un país como Guatemala?

Consideramos que el Estado debe ser un facilitador para la generación de inversión y empleo, el desarrollo humano y empresarial. Enfocado en crear condiciones de país, empezando por el tema de seguridad.
Siempre hemos visto al Estado como un facilitador, con poder de hacer cumplir la ley, que prevalezca el estado de derecho y reglas claras y estables.
El aspecto social es importante que se cubra, pero debe ser de una forma temporal, focalizada en el más pobre y transparente; además, se deben evaluar los resultados finales.
En esto los sectores público y privado deberían unir esfuerzos, como en todo, para que los programas sociales tengan un resultado y que la población identificada empiece a subsistir por sí misma, porque de lo contrario, lo único que hacemos es generar personas que estén sentadas esperando la ayuda del Gobierno.

¿Qué opinión tiene sobre el desempeño del nuevo gobierno en los temas económico, político y de seguridad?

La economía trae un desempeño, no como quisiéramos, pero positivo. Este primer trimestre, ese optimismo que hemos visto en los guatemaltecos, creo que se ha visto reflejado, sobre todo en el tema de percepción e intención de inversión en Guatemala. Esos índices han mejorado. El gran reto es mantenerlo, para que esas acciones positivas se concreten.
En el tema político, obviamente entra el Congreso. Reconocemos que hay buenos diputados, pero también que hay muy malos y que no tienen una visión de país, y lo único que tienen en la agenda es un tema político. Y muchas veces eso viene a entrampar las agendas y no hay avances. 
El gran faltante es el combate al tema de corrupción y acciones concretas en transparencia, calidad y eficiencia del gasto.
En seguridad, vemos acciones encaminadas en un buen sentido. Hemos visto desarticulación de bandas criminales y otras que se dedican al contrabando. Entendemos que es un tema sumamente complejo. Uno quisiera más rapidez en el tema, pero creemos que va por buen camino. Los resultados los vamos a empezar a ver a mediano plazo.

¿Qué desafíos tiene el Gobierno, en esos temas?

Dos básicos. Primero, seguridad. Seguir generando acciones positivas para que la percepción de la inseguridad se minimice y eso genera reactivación económica.
El segundo, que lo divido en dos, es cambiar esa mentalidad para con la generación de inversión, obviamente responsable, para no poner obstáculos a quien quiere invertir en Guatemala. Y si el tema de transparencia no avanza, ese positivismo se puede ver perjudicado.

¿Cuál es su opinión sobre la reforma tributaria alcanzada por el gobierno de Otto Pérez Molina y cómo cree que se puede fortalecer la recaudación y evitar la evasión?

El sector privado apoyó la reforma tributaria. Hicimos llegar nuestras propuestas. Algunas fueron tomadas en cuenta, otras no. Fue un proceso sumamente rápido y no dio tiempo a mayor discusión. El efecto, en su mayoría, lo estaremos viendo a partir del año entrante y ahí empezaremos a evaluar qué tan necesaria era.
Esperemos que la actualización tributaria incremente los ingresos, pero lo veo difícil si no se mejoran las condiciones de país para generar inversión. Nosotros vemos el faltante de la transparencia, la calidad y eficiencia del gasto y la rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos.
Es muy sencillo salir siempre a pedir más dinero y decir que no alcanza, pero sabemos que las redes de corrupción se están viendo favorecidas sabiendo que nadie le entra al tema.
Para nosotros, el motor para lograr ingresos tributarios mayores a los de hoy, es promover el crecimiento económico y las condiciones de país para que se generen inversiones.
Definitivamente, si tenemos crecimiento económico, los ingresos tributarios se van a ver incrementados. El año pasado el PIB creció 3.8 por ciento y los ingresos crecieron casi en 13 por ciento. Solo el impuesto sobre la renta creció arriba del 30 por ciento.
Así es que nosotros sí vemos que el Gobierno debe enfocarse en crear las condiciones viables de país, para generar inversiones y cambiar la mentalidad del guatemalteco, que siempre está como poniendo obstáculos y no tratando de facilitar la venida de esas inversiones.
Parte de todo eso está en la Agenda Nacional de Competitividad, que debería ser la gran base, que ahora cada Ministerio está presentando cómo eliminar trámites y pasos administrativos innecesarios.
Lo segundo sería el combate al contrabando. Hemos visto pocas acciones y resultados en este tema. Y según la SAT, en 2009, eran Q6 mil millones los que el fisco dejaba de percibir.
También es importante la evasión fiscal, que según la SAT son alrededor de Q5 mil 500 millones. Esos controles deben mejorarse. Creemos que se ha hecho un buen esfuerzo, pero se sigue enfocando en contribuyentes ya registrados e identificados.
El gran problema es también que el 80 por ciento de la economía es informal y no está en el esquema de contribuir al fisco.
La transparencia es fundamental. Nosotros vemos gran corrupción, sobre todo en las entidades de Estado que deberían generar ingresos, como los puertos, aeropuertos, el INDE. Sus ingresos cada vez disminuyen. Eso demuestra que esas redes de corrupción están bien incrustadas en las mismas. Es importante fortalecerlas, colocar gente capaz.

¿Cuál es su opinión sobre el paquete de transparencia que el Gobierno presentó al Congreso?

El análisis que se tiene es que, si el paquete de transparencia pasara hoy, estaríamos mejor de lo que estábamos ayer. En un sentido general se ve positivo, pero hay ciertas cosas que se tienen que mejorar.
Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Presupuesto, se debe regular de forma clara el tema de la deuda flotante, que al día de hoy, todavía existe bastante duda de cuánto y qué parte es legal.
También regular el tema de las sanciones y las transferencias presupuestarias, para que sean transparentes, públicas y justificadas. Fortalecer el observatorio del gasto.
El Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF–, donde se debe incluir a las municipalidades.
Con la Contraloría, se debe subir los perfiles de los auditores internos. Establecer obligación de aplicar sanciones que están en la ley, hacer más públicas las acciones que hace. Habría que discutir el tema de las multas, para no crear incentivo perverso, pues estas son ingresos propios de la Contraloría. Es importante que multen, pero que no lo hagan porque les falte el dinero.   
Las causas de nombramiento y remoción del Contralor, deben quedar más claras. Además, el gran ausente es quién audita a la Contraloría. En su momento propusimos que en vez de un Contralor, sería buena idea tener un Consejo, donde estén los sectores público y privado.
En Contrataciones del Estado, es importante incluir los fideicomisos públicos; que se tenga constancia de la disponibilidad presupuestaria, presentar estados financieros de la SAT para quienes son proveedores del Estado, porque con el tema de las licitaciones, hemos visto grandes falencias de la ley, en el sentido de que hay poca transparencia, por lo que hay que mejorar los controles para evitar lo que se dio en el tema de medicamentos, un poco con lo de energía eléctrica y lo que estamos viendo con los fertilizantes, y mañana vendrá lo de los libros del Ministerio de Educación, y pasado el tema de pasaportes. Entonces, es ver cómo hacemos para que la transparencia se vea en todo esto.

¿Qué postura tiene sobre la iniciativa de enriquecimiento ilícito? ¿Deberá comprender a funcionarios y contratistas?

Somos de la opinión de que cualquiera que esté relacionado con uso o disponibilidad de fondos públicos debería ser sujeto al tema de enriquecimiento ilícito. De eso no nos cabe la menor duda y así lo hemos manifestado.
Una de las propuestas que se tenía, era definir bien el delito de testaferratos, porque lo que se tiene hoy no queda muy claro, según los técnicos.
En enriquecimiento ilícito entrarían no solo funcionarios públicos, sino también entidades privadas que manejan fondos del Estado.
Mientras haya pruebas fehacientes, de que haya sobrevaloración de la obra y el diferencial de precios se está prestando para temas de corrupción o para beneficiar a determinado funcionario o ente privado, definitivamente, la ley se debería aplicar en la misma forma.

¿Cuál es la posición del sector privado respecto del tema de nuevas rutas contra el narcotráfico, propuesto por el Presidente?

Se ve positivo que el tema se haya puesto sobre la mesa. El sector privado no tiene en este momento la facultad o el expertis para apoyar o no la despenalización.
Es positivo que expertos, tomando el ejemplo de otros países donde esto se ha dado, lleguen a conclusiones sensatas y acciones que vengan a ayudar a combatir el narcotráfico.
Si la conclusión es que no hay que hacer nada y hay que seguir igual, nosotros la vamos a respetar. Pero hoy lo que se ve y escucha, es que los resultados no son buenos. Entonces, si pretendemos hacer lo mismo y obtener un resultado distinto, eso no lo vamos a lograr.
Definitivamente hay que cambiar la estrategia para lograr resultados diferentes. Creemos que es sano. Y de cierta forma hay liderazgo de parte de Guatemala para poner el tema sobre la mesa y ojalá lograr la discusión al nivel que se debe.
Si la conclusión es que no hay que hacer nada, así será. Pero mirábamos como con poca voluntad el hecho que de entrada se dijera  que no hay nada que discutir.

¿Cuáles son los retos del sector privado guatemalteco?

El primero, saber leer y reaccionar de forma propositiva, activa y profesional a la coyuntura nacional, en el sentido de ser un contrapeso del sector público y un ente fiscalizador en las áreas que nos competen. Sabiendo fiscalizar y también aplaudir las medidas que vayan encaminadas  a cubrir las necesidades del país.

¿Cómo puede usted, siendo un dirigente empresarial joven, incidir en mejorar la percepción de que el CACIF vela por todos los empresarios y no solo por un grupo?

Hemos venido trabajando en una agenda de largo plazo, pero lastimosamente no hemos sabido comunicarla y hacerla pública de forma eficaz y eficiente. Hay, entre otros, dos grandes proyectos. Uno es Guatemaltecos Mejorando Guatemala, que es un esfuerzo coherente del sector, que integra líderes de la sociedad civil y del sector público, que busca lograr condiciones de país para reducir la pobreza. Fue el tema principal del Encuentro Nacional de Empresarios de 2009 y 2010.
El reto es lograr hacer público el esfuerzo que se está haciendo, a nivel nacional e internacional, porque tenemos que mejorar también la imagen a nivel internacional.
El otro es un documento que se llama Nuevo Principio que sacó el CACIF, que se basa en cuatro ejes. Recuperar los valores, identificar jóvenes líderes, educar sobre el uso de los recursos naturales de forma razonable y responsable para bajar la conflictividad social, y cultura de paz.

Como sector privado, lo que tenemos que lograr, aunque ya se está haciendo, y está dentro de la Agenda Nacional de Competitividad,     es unir esfuerzos para que esta agenda de largo plazo se cumpla y trascienda gobiernos, porque de lo contrario cada cuatro años es siempre un borrón y cuenta nueva y por eso no avanzamos.

Es muy importante que nosotros podamos canalizar y comunicar los esfuerzos que como sector privado hemos hecho, estamos haciendo y vamos hacer.

¿En qué aspectos está dispuesto el sector privado a comprometerse con el Gobierno?

Más que apoyar o no al Gobierno, el sector privado lo que hace es apoyar principios. Al día de hoy hemos apoyado acciones y principios de este gobierno. Buscamos estado de Derecho y aplicación de la ley, seguridad. Respeto a la propiedad privada, libertad de empresa, industria y trabajo. Condiciones viables para inversión. Que se genere empleo, y eso que lleve al desarrollo, tanto empresarial como humano.
El gran requerimiento del sector privado, hoy, es el de transparencia; combate a la corrupción y rendición de cuentas.
Y en ese sentido, los esfuerzos que mencioné, tanto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, como Nuevo Principio van en ese camino, de unir esfuerzos en seguridad y crecimiento económico para lograr un mejor país.
El sector privado, de cierta forma y dependiendo de los gobiernos, puede tener más involucramiento. Y creo que en este gobierno, el sector privado puede jugar un papel fundamental para seguir uniendo esfuerzos y lograr acciones positivas para Guatemala.

¿Cómo califica las opiniones de que el sector privado nacional es conservador sobre temas económicos?

Opiniones de diversa naturaleza, siempre van a haber. Creo que el sector privado, en sus diferentes épocas, tal vez ha sido más activo en algunas y más conservador en otras. Pero definitivamente lo que necesita el sector privado, es estar consciente que se requiere unión de esfuerzos como sector y, es más, por eso nace el CACIF. Por la necesidad de coordinar esfuerzos de las diferentes cámaras, para lograr incidir en el estado de derecho y crecimiento económico, por ejemplo.

Estamos conscientes que si no logramos unir esos esfuerzos, es difícil avanzar como país.

¿Cuál es su percepción sobre el proceso actual de compra de fertilizantes?

La percepción no es buena, no es clara. Y vuelvo al tema de transparencia y reglas claras. Ha habido muchas irregularidades en este proceso. El Gobierno debe estar claro, que aunque sea una compra por excepción, se tienen que regir por lo que dice la ley y tener bases y normas donde la gente sepa lo que se está haciendo.
Al día de hoy hay incertidumbre y noticia sobre el tema, y eso hace concluir en que son procesos que no son transparentes y generan demasiadas dudas. Al final de cuentas ese tema debe ser revisado y mejorado.

Cervecería Centroamericana cumple 125 años, el CACIF 55 y usted es nombrado su presidente ¿Tiene alguna relación esos aspectos?

No, (risas). La gente tal vez no lo va creer, pero no. El proceso que se tiene a nivel del CACIF es una presidencia rotativa, que ha estado durante muchos años. Ese orden nunca se ha alterado. Casualmente, ahora le tocó el turno a Cámara de Industria. Y yo, como presidente de esa cámara, pues asumo la presidencia del CACIF. Pero no, no tiene ninguna relación.