El próximo 14 de abril el magistrado Mauro Chacón concluye su periodo como presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC). En entrevista con Diario La Hora compartió algunas de las experiencias que marcaron el año que presidió el máximo tribunal constitucional de Guatemala.

LH: Termina su Presidencia en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué balance hace de su gestión?
MC: Nos ha ido bien, tanto con el trabajo realizado como en la armonía que se ha mantenido en esta Corte, porque nosotros nos debemos a cinco instituciones diferentes que hacen que puedan funcionar muy bien los pesos y contrapesos en la integración de la CC. A mi modo de ver, Guatemala es uno de los países que mejor forma tiene para integrar un tribunal constitucional, porque venimos de cinco estamentos distintos.
Al iniciar mi gestión yo propuse tres puntos para modernizar la entidad. Estos son notificaciones, expedientes y firmas, todas electrónicas. Ya tenemos montado el servidor y estamos capacitando al personal para iniciar con las notificaciones y la carga de expedientes; la firma electrónica institucional ya está registrada, y al magistrado que me sustituye le toca continuar con el trabajo.
LH: ¿Qué se espera de la modernización de la entidad?
MC: En la CC a diario se consumen 5 mil hojas, y queremos llegar al punto de “cero papel”. Nosotros tememos tres clientes permanentes y volumétricos, la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria, adicionado a los amparos judiciales.
Cualquier amparo que se presente ante las Salas de Apelaciones, o ante la propia Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, vienen a parar aquí, y estaría bien que viniera a la CC cuando ya se ha terminado el proceso, pero vienen por cuestiones de procedimiento; por ejemplo, porque no les admitieron una prueba, para corregir una notificación indebida, y todo eso debió haberse hecho en la jurisdicción ordinaria, pero viene a recargar el trabajo acá.
LH: Aunque la CC es una entidad técnica, nunca se ha podido abstraer de la política por la misma naturaleza de quienes la integran ¿Cómo pudo manejar las divergencias en el Pleno?
MC: Desde un principio se dijo que la Corte era política; distinta es la concepción ideológica que cada magistrado tenga, pero aquí no se ha desbordado el tema político partidista, no se podría en el Pleno de magistrados.
Lo que sí es importante es hacer ciencia política para interpretar la Constitución. En el disenso si uno logra llegar a un consenso es lo fabuloso; nosotros representamos al Estado, al país, y de acuerdo con la misma Constitución no pertenecemos a ninguno de los poderes del Estado. La CC es un órgano que según la doctrina se llama extra poder, porque no pertenece a ninguno de los tres poderes.
LH: En una ocasión, un medio publicó que usted iba a beneficiar al expresidente Alfonso Portillo. ¿Qué experiencia le deja este caso y cree usted que Estados Unidos cumplirá con lo ordenado por la Corte que usted preside, en el sentido que deben garantizar que no será enviado a ningún otro país y que le deben garantizar sus derechos humanos?
MC: Aquí le publican cualquier cosa; este es el país de los bolos y las bolas. Pero eso no fue cierto, lo que dije fue que la situación de Portillo ya la habían decidido los tribunales ordinarios, nosotros ya no tenemos que ver nada en su extradición. Y yo no podía beneficiarlo, no tengo amistad y, además, somos cinco magistrados, y la ponencia se discute entre todos. Ese caso está grabado.
La única experiencia  que me deja esa situación es que hay casos politizados a lo externo, pero no (solo) a lo externo. Por fuera puede estar influenciado por diferentes sectores de poder, económico y político. Además, no hay ningún otro país que lo requiera, y si Estados Unidos no cumple con garantizar sus derechos, pueden accionar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
LH: El Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) señaló que la CC se tardó casi un año para resolver una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minerías. ¿A qué se debe esto?
MC: Nos tardamos un año porque la inconstitucionalidad que ellos plantearon  era contra toda la ley, y cuando la inconstitucionalidad es general total es muy laborioso y minucioso el estudio que se hace, pues debe relacionarse cada artículo y confrontarlo con la supuesta violación a la Constitución.
Además, en la CC aproximadamente hay 300 expedientes de inconstitucionalidades. De las reformas a la Ley de Actualización Tributaria, hay más de 15 acciones planteadas, y la experiencia nos ha dicho que en no menos de 6 meses se resuelven. Con las acciones que buscan sacar del ordenamiento jurídico equis norma es demasiado complicada.
LH: Recién se detuvo una interpelación en el Congreso por una resolución de la autoridad constitucional ¿Hasta qué punto la CC puede intervenir en la agenda del Legislativo?
MC: Nosotros tenemos que cuidar no solo la institucionalidad sino el sistema democrático constitucional del Estado y como tribunal  constitucional nuestro principal cometido es ser defensores de la Carta Magna, no de la agenda del Organismo Legislativo o del Judicial.
El orden constitucional tiene distintas facetas. Los tribunales comunes velan porque se respete la Ley, nosotros vamos más arriba, y lo que dijimos es que dentro de ese orden está la funcionalidad de los entes del Estado en sus diversos aspectos. Uno de ellos es el derecho a la interpelación, pero también se van dando plazos legales que deben respetarse.
La Ley dice que las comisiones (legislativas) deben elegirse cada año para que trabajen y se organicen en las diferentes disciplinas en el Congreso, entonces deben cumplir con las obligaciones en la Constitución.
Los plazos deben cumplirse, no porque les guste o no, sino porque se los impone la Ley.
LH: Hay gente que opina que se sentó un precedente muy peligroso con el tema de la interpelación y la resolución de la Corte, ¿qué opina usted al respecto?
 MC: Peligroso, no. Fue un buen precedente para que se den cuenta que ante todo está la institucionalidad del país. Es un buen precedente para limitar el abuso de los derechos.
LH: En temas estructurales. El amparo es un derecho en Guatemala, pero el uso inadecuado  también puede limitar otro derecho fundamental: El acceso a la justicia pronta. ¿Qué recomendación hace en ese sentido?
MC: El amparo nace para cuando se violan los derechos fundamentales o hay una amenaza grave de una violación, pero no se hizo para un amparo judicial, sino de garantías contra la arbitrariedad y libertad. Sin embargo, en Guatemala se presenta por cualquier situación. El amparo se ha vuelto un negocio para los abogados, porque por un amparo no cobran menos de Q10 mil, eso permite un modus vivendi.
Ya la existencia de más de 25 años de este tribunal constitucional ha demostrado que debe revisarse (el amparo). Yo también he propuesto la creación de juzgados y salas especializadas en derecho constitucional, para que conozcan los amparos en primera instancia, para que haya órganos que conozcan directamente y no congestionen los juzgados comunes. Pero eso solo los puede crear la CSJ. Hay que hacer cambios estructurales que ayuden a la tutela efectiva de la garantía del amparo.