El doctor Carlos Castresana ha insistido en que él puede garantizar la independencia y la capacidad de la CICIG, pero que la investigación que tiene que realizar no depende sólo de la Comisión sino que tiene que complementarse con el comportamiento de las instituciones nacionales de justicia y por supuesto que la Corte juega un papel importante. El caso actual no será resuelto en pocos dí­as y mientras más independiente y honorable sea la futura Corte, mejor para todos, incluyendo al Presidente o, mejor dicho, sobre todo para el ingeniero Colom y sus allegados.

Si antes del crimen del domingo era inexplicable la postura del Gobierno al negarse a aprobar la ley reguladora de la Comisión de Postulación, oponerse ahora pasarí­a a ser una torpeza polí­tica inaceptable. Porque todos sabemos que la ausencia de tribunales confiables es tan grave como la podredumbre que impera en el Ministerio Público donde es evidente el nivel de compromiso que hay de los fiscales con las diferentes estructuras del poder formal y paralelo. Elegir una Corte Suprema ajena a esos compromisos e integrar las Salas de Apelaciones con criterio de transparencia darí­a un respiro a Colom porque ya dije que lo que se revierte ahora contra el sistema polí­tico es esa absoluta falta de credibilidad de las instituciones. Si tuviéramos un Ministerio Público honorable y decente y una Corte Suprema confiable, los guatemaltecos aceptarí­amos que la maquinaria de justicia se encargue de esclarecer hechos y sindicaciones. Pero como nadie cree en nadie, con absoluta y justa razón, lo que ahora ha ocurrido crea una crisis polí­tica sin precedentes porque a la larga entre la opinión pública se trata de contrastar el testimonio de un muerto contra la defensa de funcionarios públicos. Y en esa realidad es obvio a quién le creerá más el público.

Por ello repito que un acto de inteligencia del Gobierno serí­a comprometerse a impulsar a como dé lugar la ley de transparencia de la postulación para los magistrados. Y no sólo aprobar la ley de Nineth, sino trabajar con la CICIG para darle los dientes que Colom no le ve a la iniciativa y de esa forma asegurar que en cualquier circunstancia, el poder judicial estará en manos de los abogados más competentes y probos y no de quienes tienen más conectes con los grupos tradicionales de poder oculto o con los partidos polí­ticos.

Si el sacrificio de Rodrigo Rosenberg nos ayuda siquiera a que se transparente la elección de magistrados para romper la cooptación evidente, ya el paí­s tendrí­a mucho que agradecerle.