La presidenta argentina, Cristina Kirchner, ilustró ayer la manera cómo pretende gobernar a partir de ahora, tomando reservas del Banco Central por medio de decretos, pese a una prohibición de la justicia y una oposición mayoritaria en el Congreso.
La presidenta se mostró así dispuesta a recurrir a decretos para eludir los obstáculos interpuestos por una heterogénea oposición, que unida logra una apretada mayoría legislativa, y exacerbó los ánimos al hacerlo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Kirchner sorprendió al anunciar la derogación de un decreto que había desencadenado una grave crisis institucional en el país pero, simultáneamente, la firma de otros dos que le permitirán disponer en total de unos 6.500 millones de dólares de reservas monetarias para pagar deuda de 2010, uno de ellos para abonar a organismos multilaterales (USD 2.187 millones) y el otro de «necesidad y urgencia» a acreedores privados (4.382 millones).
Al hablar en el Congreso, sentada al lado de su enemigo declarado el vicepresidente Julio Cobos, la mandataria dijo haber «derogado el decreto 2010», pero haber firmado otros que lo resucitaban.
Se esperaba, en cambio, que presentara un proyecto de ley para habilitar a la nueva mayoría opositora a dar su opinión, táctica que la hubiera mostrado interesada en la búsqueda de consenso, luego de que el peronismo en el poder perdiera su mayoría en las legislativas del 28 de junio pasado.
La heterogénea oposición se disponía a rechazar el miércoles en el Senado el el primer decreto que autorizaba al gobierno a usar reservas para pagar la deuda de 2010, de unos 18.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones de intereses.
Tras el anuncio de los nuevos decretos presidenciales, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que cualquier demanda contra esa medida «será abstracta porque los fondos (del Banco Central) están siendo transferidos al Tesoro».
Un vocero del Banco Central confirmó luego: «el directorio del Banco Central se notificó de los decretos de la presidenta, dispuso la creación de dos cuentas del Tesoro y transfirió los fondos».
«Lo que hubiera sido sensato, habría sido aceptar que había que cambiar. Kirchner redobla la apuesta, cuando la situación exigía demostrar moderación» declaró Rosendo Fraga, de la consultora Nueva Mayoría.
Según Ana María Mustapic, de la privada universidad Torcuato Di Tella, esta estrategia no puede sostenerse en el tiempo porque «la búsqueda de la confrontación es autodestructiva».
Frente a un Congreso hostil, la presidenta podría elegir «tanto la confrontación como la cooperación», ya que «la oposición no está unida: el gobierno podrá constituir mayorías puntuales», advirtió.
La noche del lunes, sin embargo, la oposición reaccionó con indignación y prometió una respuesta tanto judicial como política.
«Vamos a recurrir a la justicia penal y reunirnos en sesión para anular ese decreto», declaró la diputada Elisa Carrió, de la centroderechista Coalición Cívica.
«La justicia y el Congreso no se esperaba a que la presidenta los desprecie», dijo Federico Pinedo del Pro (derecha liberal).
Kirchner había retomado la conducción del Banco Central a principios de febrero, al nombrar como titular a Mercedes Marcó del Pont, una funcionaria fiel, en reemplazo de Martín Redrado, destituido tras un largo tironeo.
En 2005, Marcó del Pont había defendido la decisión del ex presidente Néstor Kirchner (2003/2007), esposo de la mandataria, de usar 9.500 millones de dólares de reservas para saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una decisión similar tomada ahora por la jefa de Estado desencadenó una crisis institucional. Frente al rechazo de Redrado de liberar las reservas, decidió destituirlo por decreto, sin consultar al Congreso pese a que lo exige el estatuto del Banco Central.
Al día siguiente, un juez había restablecido a Redrado en sus funciones, pero su despido fue finalmente aprobado por una comisión bicameral convocada por Kirchner.