El Año Internacional de los Bosques coincidió con el proceso de Elecciones Generales 2011 en Guatemala, en el que la población tendrá la oportunidad de escoger a sus próximas autoridades de gobierno, gobiernos municipales, diputados y representantes al Parlamento Centroamericano; la mayoría de presidenciables ha ofrecido militarizar las fronteras para resguardar los bosques.
El 2011 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Año Internacional de los Bosques en febrero pasado; su principal objetivo es recordar a los Estados la importancia que tienen las áreas forestales en la subsistencia humana y sus responsabilidades a la hora de implementar políticas públicas de conservación y protección.
En Guatemala se pierde aproximadamente 60 millones de árboles cada año debido a la tala inmoderada y sólo se recuperan 18 millones, según estimaciones de la Fundación del Bosque Tropical.
Las principales causas son: la expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales, la ausencia de una cultural forestal, la promoción de políticas de gobierno de explotación, el tráfico de maderas y la falta de oportunidades de empleo con salarios dignos en el área rural, según el Perfil Ambiental de Guatemala 2010.
Los departamentos que más han perdido recurso forestal son: Chiquimula, Jutiapa, Petén, Jalapa, Izabal y Zacapa, mientras que Sacatepéquez y Retalhuleu han incrementado su tasa de reforestación en los últimos años; el 61 por ciento se presenta en íreas Protegidas y el 39 fuera de ellas.
Las más afectadas fueron la Reserva de la Biósfera Maya, donde la empresa Perenco implementa un proyecto de explotación petrolera en su zona núcleo, la Laguna del Tigre, así como la Sierra Lacandón, ambas ubicadas en Petén, señala el Perfil Ambiental.
Durante el reciente foro Ambiente y Desarrollo 2011, los y las candidatas a la presidencia afirmaron que aumentarán la presencia del Ejército guatemalteco para asegurarse de combatir el tráfico de maderas y las demás acciones del crimen organizado, sobre todo en la zona norte de Petén.
Sin embargo, en los Acuerdos de Paz se establece que los gobiernos deben trabajar en la desarticulación del Ejército, como una forma de resarcimiento para la población que fue afectada por las masacres, el genocidio y las violaciones a los derechos humanos que cometió esa institución.
Las y los presidenciables ofrecieron promover el uso de estufas ahorradoras, la venta de oxígeno, la eliminación de la pobreza y elevar las penas a quienes cometan delitos contra el ambiente, entre otros puntos, como medidas para evitar la deforestación en el país.