El jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, ílvaro Matus, informó recientemente sobre las acciones que podrían presentarse por el proceso que se ha seguido en contra de los presuntos implicados en el asesinato de cuatro ex agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (Dinc).
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Lo anterior luego que la juez de Primera Instancia Penal de Cuilapa, Santa Rosa Miriam Méndez, decidiera enviar a juicio a siete guardias del Sistema Penitenciario por el delito de encubrimiento y no por asesinato como lo pretendía el Ministerio Público (MP).
El fiscal Matus indicó que el MP ve de buena manera la resolución de la juez que abrió juicio en contra de tres personas, quienes son procesadas por intentar extraer armas que según pruebas balísticas han corroborado ser las utilizadas para dar muerte a los cuatro policías dentro de la cárcel.
Los acusados son José Fidelino ílvarez Morales, Jennifer Ivonne Torres Pérez y Evelyn Jazmín de Paz Ochoa, contra ellos Méndez abrió juicio por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y asociaciones ilícitas.
Amparo
No obstante, Matus reiteró que con relación al proceso que se sigue contra los guardias de la referida cárcel «se va a presentar un amparo en forma parcial».
El fiscal añadió que respeta la decisión de la Juez pero no está de acuerdo con la modificación de los hechos.
Dicho amparo será presentado en los próximos días debido a que en un inicio Méndez accedió a la petición del MP de sindicarlos directamente por el delito de asesinato contra los cuatro policías, la Juez reformó el auto de procesamiento, «pero no modifica el hecho», señala el fiscal.
El amparo procedería además porque la Juez de Primera Instancia «valoró la prueba cuando no es la etapa procesal para hacerlo y no corresponde a juez contralor sino a un tribunal competente», apuntó el fiscal de delitos contra la vida.
Por lo anterior el MP podría plantear además una recusación en contra de la juez que conoció el caso en primera instancia.
Los ex agentes Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez, que permanecían en prisión tras estar sindicados de la muerte a tres diputados salvadoreños y su piloto, fueron asesinados el 25 de febrero último en la cárcel de El Boquerón.