Fundación Sobrevivientes y la Asociación El Refugio de la Niñez, presentaron una querella penal y petición de retiro de inmunidad, contra Eduardo Cojulún Sánchez, Juez Undécimo de Primera Instancia Penal, por el delito de prevaricato, por dejar en libertad al procesado Juan Mateo Hernández Coj, supuesto líder de una red de trata de personas.
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Esta es la segunda vez en la semana que se presenta una acción de este tipo contra el togado, puesto que el pasado lunes, el Ministerio Público, trasladó a la CSJ el documento “Los Jueces de la Impunidad”, en el cual Cojulún es señalado de “colaborar con poderes difusos”. El juzgado no quiso emitir opinión acerca de los señalamientos.
Según Leonel Dubón, director de la Asociación Dulce Refugio, enviaron a la CICIG un documento conteniendo las acusaciones contra Cojulún para apoyar la denuncia que la entidad presentó en su contra.
En el documento remitido por la citada asociación, Dubón explicó que también incluyeron a Walter Fabricio Rosales, juez de Tribunal de Alta Verapaz y Reyes Eleazar Ochoa, juez de Niñez de Huehuetenango, donde también los acusan de beneficiar a personas vinculadas con la trata de personas.
Por otro lado, el entrevistado, informó que presentaron ante la Junta de Disciplina Judicial, una queja contra los togados antes mencionados y adversando el actuar de otros dos jueces: Ligia Aracely Pérez y Juan Pablo Ríos Muñoz.
Las organizaciones sociales indicaron a través de un comunicado, que “exigimos la depuración del Sistema de Justicia pues de octubre de 2012 a la fecha varios jueces han favorecido con sus resoluciones a tratantes y violadores”.
También manifestaron que sus señalamientos, son un “resumen” que deja en evidencia el deterioro de las instituciones, “donde se omiten preguntas clave en los procesos judiciales, lo cual tergiversa los mismos”.
PREOCUPADOS
Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), dijo que ven con preocupación el tema, puesto que considera que se denuncian las resoluciones emitidas por los profesionales y que esto afecta su independencia judicial.
“Alguna de las partes va a tener siempre una cuestión con las cuales se manifestarán en contra y si esto es así, me pregunto a dónde vamos a llegar, puesto que en lugar de acudir a las consideraciones recursivas actúan pidiendo el retiro de inmunidad”, indicó.
Dall’Anese: No les gusta que los cuestionen
Esta mañana, Franciso Dall´Anese, jefe de la CICIG, manifestó que a los jueces guatemaltecos no les gusta ser cuestionados. En relación a esto, Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, manifestó que los togados, como funcionarios públicos entienden que están sometidos a consideración o auditoría social. Sin embargo, dijo que esperan que los señalamientos sean serios para tener la posibilidad de defenderse. La CICIG denunció a 18 jueces del OJ, a quienes señalan de emitir resoluciones que favorecen la impunidad en el país.