Once señalamientos concretos -contra abogados aspirantes a las magistraturas de la cúpula del OJ-, fueron entregados esta mañana por el Movimiento Pro Justicia, a través de Helen Mack, quien denunció tres casos a tí­tulo personal.

Grupos organizados de la sociedad civil han unido fuerzas para fiscalizar el proceso de selección para magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA), ambas del Organismo Judicial (OJ).

De esa cuenta, el Movimiento Pro Justicia entregó hoy once expedientes de candidatos que, a criterio de la instancia, no deberí­an ser considerados para ser postulados, por haber estado involucrados en actos anómalos.

Asimismo, entregaron 80 expedientes para ambas cortes, que han sido señalados por medios de comunicación, pero que no tienen pruebas para señalarlos directamente.

Según Mack, Rolando Segura, Rosa Marí­a de León Cano y Héctor Emilio Méndez, han violentado la Constitución Polí­tica de la República, por lo que, personalmente, ofrece esos tres nombres, entre los once que entregó en total el movimiento.

«Tengo sentencia que lo respalda y por lo tanto no pueden ser considerados como aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones», insistió Mack.

Además, Mack refirió el Movimiento Pro Justicia recibió gran cantidad de denuncias; sin embargo, a las comisiones de postulación sólo trasladaron aquellas que tienen respaldo, «que tienen una resolución de alguna corte o una denuncia muy concreta y especí­fica», explicó.

TAMBIí‰N SEí‘ALADOS

Más de 80 expedientes -sustentados por señalamientos en medios de comunicación, información de juicios o denuncias que tienen en contra de los otros aspirantes- también serán entregados.

También se agregan a personas que tienen señalamientos por conflictos de interés, acoso sexual; asimismo, fueron incluidos los abogados que tienen multas pendientes ante recursos rechazados, y «otras tachas» que puedan tener en la Procuradurí­a de Derechos Humanos, dijo Mack.

«Eso también es un indicio de cómo está la honorabilidad y cuál es la ética en el ejercicio profesional de los abogados», insistió.

Otros aspectos por los que luchan -como Movimiento Pro Justicia- giran en la carencia de antecedentes penales o policí­acos de los aspirantes, el tema de honorabilidad o el abuso jurisdiccional «y la percepción del accionar de ellos».

Uno de los ejemplos conocidos que citaron, fue el del juez Julio Jerónimo Xitumul, quien fue trasladado del Juzgado Quinto, luego de haber sido criticado de dejar en libertad bajo fianza a Alfonso Portillo, ex presidente de Guatemala, y otros ex funcionarios.

Los comisionados tiene la responsabilidad de realizar un análisis profundo en cada perfil y poner en práctica lo que ordena la Constitución Polí­tica de Guatemala antes de listar a quienes pretenden ocupar una magistratura para impartir justicia, reiteró Helen Mack.

OTROS CASOS

Entre los nombres que también «relucieron» están los de Ricardo Raúl Calvo Samayoa, por tener denuncias en el Ministerio Público y Colegio de Abogados; Edgar Raúl Pacay Yalibat, acusado por apropiación de inmueble; Gustavo Bonilla y Marco Tulio Mejí­a Monterroso, por actuación jurisdiccional, y Reyes Eléazar Ochoa Solí­s, por anomalí­as en administración de justicia en casos de exhibición personal.